El Ministerio Público inició una investigación preliminar a la empresaria Karelim López por la supuesta presentación de una prueba de diagnóstico de la COVID-19 falsificada en el Congreso de la República.
El Ministerio Público inició una investigación preliminar a la empresaria Karelim López por la supuesta presentación de una prueba diagnóstico de la COVID-19 falsificada para justificar su ausencia a una sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso que investiga las reuniones y visitas al presidente Pedro Castillo en un inmueble del pasaje Sarratea, en Breña.
La fiscal Galinka Meza Salas determinó que la empresaria sea investigada junto a los que resulten responsables por el supuesto delito contra la fe pública a raíz de este caso.
La magistrada, a cargo del Segundo Despacho de la Séptima Fiscalía Corporativa Penal dispuso que la Policía Nacional realice las diligencias que resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
La representante del Ministerio Público acogió así la denuncia presentada por el Procurador del Congreso, Manuel Peña Tavera, donde atribuye a la empresaria los supuestos delitos contra la fe pública y contra la administración pública por su negativa a colaborar con la administración de justicia en agravio del Parlamento Nacional.
Según un informe difundido por el programa Cuarto Poder los documentos médicos presentados habrían sido adulterados en la fecha de toma de prueba y los resultados corresponderían a otra persona. No obstante, el doctor César Nakasaki, abogado de la empresaria aseveró en declaraciones públicas que su patrocinada si estuvo afectada por la COVID-19.
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Congreso presentó denuncia penal contra Karelim López
El procurador del Congreso, Manuel Peña Tavera, interpuso una denuncia penal contra Karelim López Arredondo como presunta autora de los delitos contra la fe pública, falsedad ideológica y contra la administración pública, por su negativa a colaborar con la administración de justicia, en agravio del Congreso de la República.
La medida, presentada ante el Fiscal Provincial Penal Corporativo de Lima, se da al amparo del artículo 47 de la Constitución y se sustenta en la elaboración y presentación de pruebas de diagnóstico de COVID-19 falsificadas y otros documentos similares, con los que la empresaria justificó su ausencia, el 12 de enero pasado, ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que cuenta con facultades para investigar el caso de las reuniones y visitas a la casa del pasaje Sarratea, en Breña.
La denuncia, presentada el martes 15 de febrero, señala que Karelim López “fue válidamente citada con la finalidad de que preste declaración respecto a hechos que son de su conocimiento y cuya investigación –previamente entablada- se ventila en la citada comisión parlamentaria, perjudicando con ello el óptimo devenir de la indagación en curso así como mermando los recursos de esta institución destinados a la materialización de la misma”.
El martes, en su presentación ante la comisión de Fiscalización, Karelim López, dijo que actualmente está sometida a tres investigaciones en el Ministerio Público, en las que aún no rinde declaración y por ello se acogía al derecho constitucional de "guardar silencio".
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