La investigación preparatoria contra la excongresista aprista Luciana León por el presunto delito de tráfico de influencias tendrá un plazo de ocho meses, tras haber sido declarada “compleja”.
La Fiscalía de la Nación inició una investigación preparatoria a la excongresista Luciana León por su presunta vinculación con la organización criminal “los Intocables Ediles de La Victoria”.
La disposición fiscal establece que León Romero será investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación en agravio del Estado. Ello, luego de que el último 15 de junio el Congreso de la República aprobara el informe final que recomendaba acusarla constitucionalmente por estos cargos.
La Fiscalía de la Nación precisó también que esta investigación preparatoria tendrá un plazo de ocho meses al haber sido declarada “compleja”, debido a los actos que se deben practicar para el esclarecimiento de los hechos.
Al respecto, el juez supremo Juan Carlos Checkley emitió una resolución en la que aprueba la disposición fiscal y exhortó al abogado particular de la excongresista aprista a asistir a las citaciones judiciales para las audiencias programadas bajo apercibimiento de ser excluido, sancionado y sustituido por un defensor público.
Ante ello, la Fiscalía de la Nación deberá requerir en los próximos días al despacho de Checkley Soria bajo qué medida deberá afrontar Luciana León esta investigación preparatoria. Puede ser comparecencia con restricciones o prisión preventiva.
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Caso Intocables Ediles
El caso de los “Intocables Ediles” estalló en agosto de 2018, cuando la Policía detuvo a Elías Cuba, entonces alcalde de La Victoria y otros funcionarios de esta comuna por ser parte de una red dedicada al cobro de cupos a comerciantes ambulantes de este distrito limeño.
“Los Intocables Ediles” ganaban más de 26 millones de soles anuales por cobros ilegales de parqueo vehicular y SISA , el cual se realizaba a más de ocho mil comerciantes ambulantes que trabajaban en la vía pública.
El caso escaló a nivel político cuando se incluyó a Luciana León tras ser sindicada como “el brazo político–legal de esta mafia. Se presume que habría gestionado la sobrevaloración de obras y servicios públicos en el distrito limeño de La Victoria para obtener ingresos ilícitos.
Según el Ministerio Público, la excongresista aprista habría recibido por esta labor sumas de entre 15 mil a 30 mil soles mensuales entre los años 2017 y 2018.
También se le atribuye a León Romero el presuntamente haber intercedido ante los Ministerios de Economía y Finanzas, y de Vivienda , Construcción y Saneamiento para agilizar obras municipales en La Victoria.
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