El Ministerio Público informó que las investigaciones preparatorias son contra efectivos policiales que serían responsables de abuso de autoridad y lesiones graves y leves contra manifestantes. Con ello, habría un total de 20 indagaciones en esa etapa.
El Ministerio Público informó este sábado que ha formalizado dos nuevas investigaciones preparatorias por las muertes de manifestantes ocurridas durante las protestas sociales que iniciaron el 7 de diciembre del 2022 y se extendieron a los primeros meses del 2023.
La Fiscalía indicó que, a través del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, se tiene ahora un total de 20 investigaciones preparatorias que ya se encuentran en etapa de formalización.
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Casos corresponden a hechos ocurridos en Puno y Apurímac
El Ministerio Público puntualizó que los casos se refieren a hechos ocurridos en las regiones de Puno y Apurímac.
El primero corresponde a la investigación por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad en contra del comandante de la Policía Nacional Segundo Martín Ocampo Aguirre; por los hechos ocurridos en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac, en la ciudad de Juliaca; donde cuatro personas resultaron heridas.
El segundo caso tiene relación con los sucesos del 12 de diciembre de 2022 en las inmediaciones de la Comisaría de Chincheros, en Apurímac; donde falleció el menor R.P.M.L. y dos personas fueron heridas a consecuencia del enfrentamiento entre manifestantes y efectivos policiales.
Por ese caso, son investigados el excomandante general de la Policía Nacional, general PNP Raúl Enrique Alfaro Alvarado; el exjefe del Frente Policial de Apurímac, general PNP Luis Jesús Flores Solís; el jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, coronel PNP Alexis Luján Ruiz; y los oficiales PNP Carlos César Cuya Campos y Litman Peña Pacheco.
La Fiscalía resaltó que, a la fecha, son 20 las investigaciones preparatorias formalizadas en los departamentos de Lima, Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco, La Libertad, Ucayali, Junín y Ayacucho; las cuales involucran a 160 miembros de la Policía Nacional y el Ejército imputados por las muertes y lesiones en agravio de 274 ciudadanos.
Amnistía Internacional apunta a Dina Boluarte como posible responsable penal de muertes en protestas sociales
La presidenta de la República, Dina Boluarte, podría tener responsabilidad penal por las muertes de manifestantes en las protestas sociales que se produjeron en el país entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, según las evidencias obtenidas por Amnistía Internacional (AI).
En un informe titulado ¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú, presentado el último jueves, la entidad señaló que, aunque la presidenta negó a la Fiscalía haber tenido contacto directo con los comandantes y "minimizó su papel en la represión estatal", se reunió varias veces con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía durante los meses de protestas.
"Es más, según la información a la que Amnistía Internacional accedió a través de solicitudes de información pública y reportes de investigaciones periodísticas, Boluarte tomó los informes de inteligencia de la PNP, específicamente del COMASGEN, que habrían tachado a las personas manifestantes como “terroristas” como la base para declarar un estado de emergencia a nivel nacional y desplegar las fuerzas armadas", indica el informe.
"La mandataria tomó estas decisiones a pesar de que el director nacional de Inteligencia, quien coordinaba todos los servicios de inteligencia a nivel nacional, se había reunido antes con ella para informarle que las protestas no tenían vínculos criminales y que no veía necesario el despliegue de las Fuerzas Armadas", agrega.
AI cuestionó que la presidenta Boluarte no solo mantuvo una comunicación constante con los ministros y mandos policiales y militares durante los días en los que se registraron heridos y muertes en las protestas, sino que, además, decidió ascender a funcionarios que habían tenido roles clave durante el desarrollo de las operaciones.
"El 21 de diciembre, seis días después de la muerte de 10 personas por balas disparadas por el ejército durante protestas en Ayacucho el 15 de diciembre de 2022, hechos que después serían calificados como posibles ejecuciones extrajudiciales por Amnistía Internacional, la presidenta decidió nombrar a Luis Alberto Otárola Peñaranda, hasta entonces el ministro de Defensa, como presidente del Consejo de Ministros", recordó.
En ese sentido, la organización consideró que Dina Boluarte podría ser investigada como posible autora mediata de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas.
Gobierno rechaza informe de Amnistía Internacional
Al respecto, el presidente del Consejo de ministros, Gustavo Adrianzén, expresó el rechazo del Ejecutivo al informe elaborado por Amnistía Internacional, en el que señala que la presidenta, Dina Boluarte, podría tener responsabilidad penal en las muertes de manifestantes ocurridas en el inicio de su mandato.
"Lo negamos, en principio, más aún cuando de manera indebida y absolutamente inconsecuente se le pretende atribuir a la presidenta una responsabilidad mediata”, sostuvo el titular de la PCM.
Indicó, además, que el mencionado informe "no hace sino ratificar el sesgo político" con el que fue elaborado, el año pasado, otro documento de dicho organismo "donde habló de racismo letal".
A ello, agregó que “no aceptamos que se siga instrumentalizando esos hechos con fines políticos y, cuando no, económicos”.
Por su parte, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, sostuvo que las únicas instituciones que establecen “responsabilidades” en el Perú son el Poder Judicial y el Ministerio Público.
“Nosotros respetamos las reglas democráticas en el país y las instituciones que se encargan de determinar responsabilidades son la Fiscalía y el Poder Judicial, ninguna otra entidad puede establecer responsabilidad de los peruanos”, sostuvo durante un evento por los 51 años de la Asociación de Exportadores (ADEX).
“Todas las personas tienen derecho a expresarse, a manifestarse y también a movilizarse. Lo único que podemos pedir a todos los que va a manifestarse es que lo hagan con respeto, sobre todo a la propiedad privada y las personas”, agregó.
¿Adecuada aplicación del delito de lesa humanidad o impunidad?
La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en segunda votación el dictamen para declarar la prescripción de ciertos delitos que fueron considerados como crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos antes de julio de 2002. La propuesta ya había originado la preocupación de un comité de las Naciones Unidas y una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Conozcamos en qué consiste la propuesta que todavía debe ser sometida a una segunda votación.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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