por Redacción RPP
. Actualizado elEl fiscal Jorge García Juárez expresó su disconformidad con la decisión judicial que declaró infundado el requerimiento al determinar que el Ministerio Público no presentó nuevos elementos de convicción para variar la situación legal de la esposa del expresidente Pedro Castillo.
El Ministerio Público apelará la resolución judicial que rechazó variar el mandato de comparecencia simple que pesa sobre Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, para que se le impusiera 28 meses de prisión preventiva por el caso ‘Anguía’.
El fiscal Jorge García Juárez expresó así su disconformidad con la decisión del juez Raúl Justiniano, quien en audiencia el pasado viernes 9 de junio declaró infundado dicho pedido al determinar que la Fiscalía no presentó nuevos elementos de convicción que permitan variar la situación legal de la esposa del exmandatario por este caso.
El representante del Equipo Especial de la Fiscalía contra la Corrupción en el Poder también anunció ese día que apelará el extremo de la decisión judicial que también rechazó su pedido para variar el mandato de comparecencia simple que pesa sobre David y Walter Paredes Navarro, hermanos de Lilia Paredes, a fin de que se les impusiera a ambos 28 meses de prisión preventiva en el marco de esta investigación preparatoria.
Si el juez Raúl Justiniano decide conceder y admitir a trámite esta apelación fiscal, deberá remitir este recurso a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional para que lo evalúe en audiencia a programar con la participación de las partes involucradas y se emita una decisión final al respecto.
Postura fiscal
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder atribuye a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes, el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero y otros ser parte de una presunta organización criminal dedicada a las licitaciones públicas fraudulentas.
Esta organización tenía como campo de acción los departamentos de Lima, Cajamarca y Amazonas, donde se favoreció a empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por grandes sumas de dinero, pese a no contar con los requisitos exigidos por la ley.
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