Estado peruano afrontaría proceso de incumplimiento en caso proceda indulto de Alberto Fujimori

La libertad del expresidente Alberto Fujimori está en manos del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, que deberá ratificar o no la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de restituir el indulto humanitario concedido al exmandatario.

En palabras del propio presidente del TC, Francisco Morales Saravia, el Juzgado Iqueño -que está cargo del magistrado Vicente Fernández- no es una instancia competente para reevaluar el caso; por lo que le corresponde determinar la excarcelación de Fujimori Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

“En todos los habeas corpus que se dictan en el Perú, cuando se declara fundado y resuelto por el TC en última y definitiva instancia, el juez debe transmitir la orden de la libertad, porque en el fallo de marzo del 2022 se establece la libertad inmediata”, declaró el tribuno.

El Estado peruano podría afrontar un procedimiento de incumplimiento ante Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), si el Juzgado de Ica dispone la libertad de Alberto Fujimori.

Y es que el órgano jurisdiccional internacional frenó la restitución del indulto humanitario dispuesta por el Tribunal Constitucional en marzo del 2022.

“Si el juez no respeta el mandato de la corte, nos van a llevar a un procedimiento de incumplimiento ante [la corte de] San José de Costa Rica”, explicó el abogado Adrián Simons Pino, exagente del Estado Peruano ante la Corte IDH en febrero del 2018, poco después de que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgar el indulto humanitario.

“Las resoluciones de la Corte IDH vinculan al Estado Peruano, de acuerdo a la convención interamericana. Son obligatorias”, agregó.

Corte IDH pide informe al Estado Peruano

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió al Estado peruano el informe sobre el caso del expresidente Fujimori y el cumplimiento de su resolución, emitida en 2022, que impide su liberación.

El documento, de fecha 29 de noviembre del 2023, lleva la firma del secretario de la Corte IDH, Pablo Saavedra Alessandri, en el marco de la supervisión de cumplimiento de las sentencias por los Casos Barrios Altos y La Cantuta.