Dictan 18 meses de prisión preventiva contra fiscal Elizabeth Peralta, investigada por caso vinculado a Andrés Hurtado

El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue junto con el exconductor de televisión, Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín'.

Este martes, 3 de diciembre, la Corte Suprema declaró fundado el requerimiento de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y revocó el mandato en primera instancia emitido por el juez Juan Carlos Checkley en octubre, en el que impuso mandato de comparecencia contra Peralta.

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Cabe precisar que la fiscal es investigada por los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico.

RPP tuvo acceso a la disposición judicial, en la que se señala que se llegaron a alcanzar los cuatro votos requeridos respecto a la apelación presentada por el Ministerio Público para revocar el extremo de la resolución emitida por el juez Checkley.

Con el voto a favor del magistrado dirimente, se alcanzaron los votos necesarios para emitirse una decisión por mayoría sobre el asunto, con lo cual la mencionada judicatura dispuso que Peralta afronte la investigación preparatoria bajo mandato de prisión preventiva.

Audiencia se desarrolló el lunes

El juez supremo dirimente Gustavo Álvarez Trujillo convocó a una audiencia virtual que se llevó a cabo el último lunes. En la sesión, la fiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas afirmó que el riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad respecto a Peralta es “muy grave”, pues mintió a la Fiscalía cuando se le pidió información sobre sus teléfonos celulares, una “fuente de prueba” para la investigación preparatoria.

Por su parte, Benji Espinoza, abogado de Elizabeth Peralta, pidió que se confirme la comparecencia con restricciones que se impuso a su patrocinada, pues sostuvo que no ha mentido a la Fiscalía respecto a sus equipos celulares y resaltó que, según la jurisprudencia, su defendida no tiene la obligación de colaborar con su propia incriminación.