Abogado de Edwin Oviedo indicó que son 35 años de cárcel los que pide la Fiscalía contra su patrocinado, y no 52

El abogado César Nakazaki, defensa legal del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, en diálogo con RPP, señaló que la Fiscalía solicita 35 años de cárcel contra su patrocinado, y no 52 como dicha entidad comunicó ayer, viernes.

"Hay un error de información de la Fiscalía, porque en el Perú se suman las penas, pero hasta un máximo de 35 años es la pena máxima que puede pedir la Fiscalía, y es la que ha pedido en el juicio que hemos iniciado. 35 años, no 52”, sostuvo.

Según señalaba un tuit del Ministerio Público difundido ayer, la Fiscalía solicitaba dicha condena contra Oviedo Picchotito por ser presunto autor mediato del delito de homicidio calificado en agravio de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Witte, dos sindicalistas de la agroexportadora Tumán, asesinados en el 2012 y 2015, respectivamente.

"Hemos traído abajo el supuesto móvil de los homicidios"

Respecto a dicho pedido fiscal, Nakazaki dijo estar satisfecho con la solicitud, pues se habría litigado para que el inicio del juicio oral sea en la Corte de La Libertad. 

"(Lo recibo) con gran satisfacción, porque durante muchos años hemos peleado primero para que nos garanticen un juicio imparcial, y por eso tuvimos que ir hasta la Corte Suprema para que el caso sea retirado (…) de la Corte de Lambayeque y pase a la Corte de La Libertad, porque se establecieron graves irregularidades en la actuación del exfiscal Carrasco, sobre todo en el manejo de los colaboradores eficaces", indicó. 

"Ahora que por fin hemos iniciado el juicio, confiamos en que podemos demostrar la absoluta inocencia de Edwin Oviedo", recalcó. 

Asimismo, el abogado señaló que se había logrado "traer abajo" el supuesto móvil del crimen de los trabajadores de Tumán, y que sin móvil "no hay delito".

"Lo que se ha demostrado (es) que el móvil de los homicidios sería, según la Fiscalía, un fraude en la administración de personas jurídicas donde, aprovechando una administración judicial instalada para pagar una acreencia que había adquirido Edwin Oviedo, se hacían cosas indebidas", explicó.

"Ya se ha demostrado la inocencia en el proceso de fraude en la administración de personas jurídicas, y se le ha archivado el caso. Eso significa que nos hemos traído abajo el supuesto móvil de los homicidios. Y si no hay móvil, no hay delito", agregó. 

Respecto a la imputación de que su patrocinado era quien encabezaba la organización criminal "Los wachiturros de Tumán", Nakazaki indicó que Oviedo "nunca tuvo ninguna vinculación societaria empresarial con dicha empresa agroindustrial.

"La administración era judicial, quien nombraba a los administradores era un juez, en un proceso civil donde había una deuda que muchos años atrás tenía la empresa Transportes Carranza y que la compró Edwin Oviedo. Él nunca tuvo ninguna vinculación societaria empresarial con Tumán. Él era un acreedor, fue donde un juez, éste designó la administración judicial y ésta, trimestralmente, fue controlada por el juez y se determinó que todas sus operaciones fueron correctas. Por eso, se le pudo pagar la deuda a Oviedo", explicó. 

"Él era acreedor, en Tumán no tenía ningún papel. Tumán estaba manejada por una administración judicial, (él) no tiene ninguna intervención en Tumán", puntualizó.