Dina Boluarte fue denunciada en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por muertes durante las protestas sociales

La presidenta de la República, Dina Boluarte, y otros funcionarios de su gobierno fueron denunciados ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, institución con sede en La Haya y regida por el Estatuto de Roma, por las muertes ocurridas en las protestas sociales que iniciaron en diciembre del 2022.

Así lo dieron a conocer 16 políticos y juristas nacionales, entre ellos Marisol Pérez-Tello, Mirtha Vásquez, Diego García- Sayán, Harold Forsyth, Walter Albán, Indira Huilca Flores, Carlos Rivera Paz, entre otros. 

En ese sentido, la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, a través de la red social X, precisó que se presentó la denuncia "contra Dina Boluarte y su gobierno". "Estamos decididos a perseguir justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos que se perpetraron", indicó. 

Por su parte, la excongresista Indira Huilca sostuvo la querella es "por el asesinato de 49 personas y 344 heridos ocurridos entre diciembre 2022 y enero 2023". "Las graves violaciones a los DDHH de este régimen no pueden quedar impunes", arguyó.

Fundamentos

Según indicaron los denunciantes, la denuncia se interpuso tras haber "absuelto pausadamente todos los requerimientos legales, de acuerdo con las exigencias de la citada corte, y actuado con estricto apego al derecho internacional y a la legislación peruana".

En ese sentido, precisaron que tienen "la justa expectativa de que se abra una investigación y se llegue hasta las últimas consecuencias, incluyendo las medidas cautelares a que haya lugar".

"Fundamentan nuestra denuncia categóricos informes de países y de organismos internacionales incluyendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional", indicaron.

Además, señalaron que el país atraviesa "una de las etapas más críticas de nuestra historia, caracterizada por una severa afectación de los principios de la democracia representativa y muy graves violaciones de los derechos humanos que no pueden, no deben, quedar en la más absoluta impunidad".

Fiscalía presentó denuncia constitucional contra Dina Boluarte por muertes en protestas

Cabe resaltar que, el pasado 30 de julio, el Ministerio Público informó, a través de un comunicado, que el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales presentó una denuncia constitucional, ante el Congreso, contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes de más de 40 personas durante las protestas sociales que iniciaron en diciembre del 2022.

La denuncia también alcanza a los expresidentes del Consejo de Ministros, Pedro Angulo y Alberto Otárola, a Jorge Luis Chávez Cresta, exministro de Defensa; y a César Cervantes, Víctor Rojas y Vincente Romero, exministros del Interior, como supuestos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los derechos humanos.

Dina Boluarte y los referidos exministros son señalados por la Fiscalía como presuntos autores de los delitos de homicidio calificado, a título de comisión por omisión impropia en agravio de Cristian Álex Rojas Vásquez, un joven de 19 años fallecido en Apurímas, y otras víctimas.

Además, por el delito de lesiones graves, en agravio de Teófilo Ramírez Ortega, también de Apurímac, y lesiones leves en agravio de Miguel Ángel Velásquez Chilingano, un joven de 23 años que habría sido herido por un proyectil de arma de fuego en el aeropuerto de Huancabamba, en Andahuaylas. La Fiscalía indicó que habría otras víctimas por ambos delitos. 

"Los hechos imputados están referidos a las protestas sociales ocurridas entre el 7 de diciembre del 2022 al 9 de febrero en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad", indicó el Ministerio Público.

"De lo acontecido, se registró 44 personas fallecidas (41 por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por golpe con objeto contundente), y 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena, y 5 por otros objetos).

El Ministerio Público precisó que existen 303 carpetas fiscales repartidas entre todas esas regiones, "en las que se viene investigando a 824 personas por hechos vinculados a la presunta comisión de delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte públicos, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidio y lesiones en agravio del Estado y de miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos.