Alberto Otárola, abogado de Dina Boluarte, argumentó que con la ampliación de la legislatura ordinaria hasta el 8 de julio se intenta poner en agenda la acusación constitucional contra la vicepresidenta. Además, denunció a un grupo de la "derecha golpista" de buscar la inhabilitación política de su patrocinada.
Alberto Otárola, abogado de la vicepresidenta Dina Boluarte, calificó este martes de "inhabilitación express" al inicio del proceso de denuncia constitucional contra la vicepresidenta de la República.
En entrevista con el programa Las cosas como son de RPP, la defensa legal de Dina Boluarte argumentó que con la ampliación de la legislatura ordinaria hasta el 8 de julio "la película está completa" y manifestó no tener la menor duda que se intenta poner en agenda la acusación constitucional contra su patrocinada y también la del mandatario Pedro Castillo.
"Estamos, en el caso de la señora Boluarte, ante una inhabilitación express, lo he denominado así, porque se ha preparado el camino, la agenda que intentan de manera ilegal caracterizar una infracción constitucional que no existe, sino también forzar al extremo los casos procesales, porque existen para variar otras denuncias constitucionales de mucho tiempo atrás que no han sido calificadas ni agendas por la comisión", dijo.
El abogado citó como ejemplo de anteriores denuncias constitucionales la presentada por la fiscal de la Nación el 30 de marzo de este año contra el contralor Nelson Shack por irregularidades cometidas en la contratación de personal de confianza.
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"Esa denuncia no sabemos dónde está, está durmiendo el sueño de los justos, en esta misma comisión que se ha reunido expresamente el día de hoy con un solo punto de agenda. ¿Cuál es? El declarar procedente la acusación constitucional presentada por la señora Norma Yarrow", indicó Alberto Otárola.
"Derecha golpista"
Alberto Otárola precisó que el tema de fondo en el caso de Dina Boluarte es determinar si se ha vulnerado el artículo 126 de la Constitución Política, que para él solo "habla de prohibiciones los ministros" y "el cargo del vicepresidente estaría a salvo".
Recordó que el 29 de julio del 2021 Dina Boluarte presentó su pedido de licencia al Club Apurímac para su cargo de presidenta. Sin embargo, aclaró que estaba en trámite ante los registros públicos todas las actas y requisitos formales para legalizar y completar el cambio de directiva de la citada asociación.
Sobre la renovación de la licencia de funcionamiento que tramitó Dina Boluarte en abril ante la Municipalidad de Lima, el abogado aseguró que era un trámite que ella estaba obligada a hacerlo por ley. "El reglamento de personas jurídicas no societarias de registros públicos obliga a quienes han dejado el mandato de una asociación a continuar con la firma hasta que se puedan inscribir los actos registrales que han sido observados, agregó.
El abogado argumentó que el Congreso", quien busca "sacarle la vuelta" a esos actos de regularización, junto con la Contraloría General de la República pretenden forzar una infracción constitucional y lograr una inhabilitarla por 10 años.
"Yo denuncio al país un intento de la derecha golpista que quiere ilegalmente hacerse del poder y quiere retirar del escenario político a la vicepresidenta y vacar al presidente de la República, antes de que se produzca la sucesión de la Mesa Directiva del Congreso, que estamos seguros está siendo conversada por estos grupos", expresó.
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