Defensa de empresa que denunció a Alejandro Soto señala que congresista se benefició en proceso judicial con norma aprobada en mayo último

Alejandro Soto, presidente del Congreso, se liberó en julio último de una acusación por estafa y falsedad genérica, que acarreaba un pedido de cárcel de 8 años y 8 meses, luego de que el juzgado que veía su caso aplicara la denominada ‘Ley Soto’, dispositivo que el legislador de Alianza para el Progreso había impulsado meses antes en el Parlamento.

Esta norma fue aprobada el pasado 11 de mayo, con voto del propio Soto, y modifica el código procesal penal respecto de los plazos de suspensión de la prescripción de delitos, lo que plantea un plazo determinado de vencimiento a cada delito.

La norma permite que los imputados queden libres de las acusaciones en su contra y que la capacidad de suspensión del plazo de vencimiento que tiene la autoridad se fije en máximo un año, sin importar el delito.

El proceso contra Soto se da tras la denuncia de la empresa cusqueña Transporte y Turismo Waynapicchu, por los presuntos delitos de estafa y falsedad genérica, además del pago de una reparación civil que ascendería a 300 000 soles.

Asimismo, la denuncia contra el titular de la Mesa Directiva del Parlamento prescribía en octubre de 2027; sin embargo, al aplicar la nueva ley, el juez dispuso que el proceso prescribió en octubre de 2022.

Postura de la defensa de empresa

De acuerdo con el abogado de la empresa Waynapicchu, Darwin Urquizo, el abogado del titular de la Mesa Directiva se unió a un pedido de otras defensas involucradas en el caso, a fin de que se aplique la ley y por tanto los casos prescriban. En esa línea, consideró que Alejandro Soto sí se benefició con la norma.

“Claro, él y todos los otros imputados (se beneficiaron). Yo estuve en la audiencia defendiendo a la empresa agraviada y tanto la defensa del señor Soto, como la defensa de los otros imputados, solicitaron que se aplique esta ley, que se promulgó en mayo y que recorta el plazo de la prescripción de la acción penal”, sostuvo.

El letrado también se refirió a la versión de Alejandro Soto, quien señaló que no se benefició con la ley, pues aseguró que su caso prescribió en 2019. Según explicó, lo que el presidente del Congreso no señala es que esta resolución que declaró fundado su pedido de sobreseimiento y prescripción fue declarada nula posteriormente.

Precisó, además, que nuevamente se realizó la etapa de control de acusación y que entonces se dispuso que otro juzgado sea el que vea el caso del parlamentario y no el que accedió a su requerimiento para la prescripción. Este nuevo juzgado dispuso en octubre de 2022 que el caso pase a juicio oral hasta que en julio último se aplicó el dispositivo legal con el que prescribió el proceso.