por Redacción RPP
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La Corte Suprema evaluará el 12 de setiembre la apelación del expresidente del Congreso con el que busca afrontar sin ninguna restricción la investigación preparatoria que se le sigue por supuestas irregularidades durante su gestión.
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La suerte del expresidente del Congreso Daniel Salaverry quedó en poder de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que el próximo lunes 12 de setiembre evaluará si ordena o no que afronte "sin ninguna restricción" la investigación preparatoria que se le sigue por los presuntos delitos de peculado doloso por apropiación y en favor de terceros, falsedad ideológica y falsedad genérica en agravio del Estado.
En una audiencia virtual a realizarse desde las 9 de la mañana, el tribunal supremo analizará la apelación presentada por el exlegislador, a través de su defensa legal, para dejar sin efecto la decisión del juez supremo Juan Carlos Chekley, quien, en primera instancia, dispuso que afronte bajo mandato de comparecencia con restricciones está investigación preparatoria.
El magistrado determinó que el exparlamentario cumpla las siguientes reglas de conducta: la obligación de no ausentarse de la localidad donde reside sin autorización judicial en Lima y Trujillo, concurrir el primer día hábil de cada mes para justificar sus actividades, acudir a todas las citaciones que se le haga por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial y la prohibición de comunicarse con 5 testigos relacionados al caso.
No obstante, el juez supremo Checkley Soria declaró infundado el extremo de la solicitud fiscal para que se le imponga al excongresista la prohibición de comunicarse con las personas que vayan a declarar como testigos en esta investigación que no fueran debidamente identificadas.
El magistrado impuso, además, al exparlamentario el pago de una caución de 10 mil soles dentro de los tres días hábiles de quedar consentida o ejecutoriada está decisión.
La investigación a Daniel Salaverry
La Fiscalía investiga al exlegislador por presuntamente haberse apropiado del dinero entregado por la Dirección General de Administración del Congreso para sus actividades durante la semana de representación que supuestamente no se realizaron en los meses de enero y febrero del año 2017.
El exparlamentario también es investigado por presuntamente haber presentado informes fraudulentos para sustentar supuestas actividades realizadas durante la semana de representación en los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre del año 2017 y enero, febrero y marzo del año 2018.
En la actualidad, el extitular del Congreso se desempeña en el cargo ad honorem de consejero presidencial de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial en materia de Gestión Gubernamental.
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La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.
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