El ministro de Justicia, Eduardo Arana, viene siendo investigado por el presunto delito de tráfico de influencias tras la difusión de reportes periodísticos sobre una conversación telefónica con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos.
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El Poder Judicial rechazó el pedido que hizo el ministro de Justicia, Eduardo Arana, para que ordene al Ministerio Público que concluya la investigación preliminar que se le sigue por el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
El juez supremo, Juan Carlos Checkley, declaró infundada una solicitud de control de plazos que interpuso Arana Ysa en la que cuestiona una disposición que emitió la Fiscalía de la Nación el último 7 de mayo en la que adecua este caso bajo los alcances de la Ley 30077 o Ley contra el Crimen Organizado y amplió por ocho meses adicionales esta investigación preliminar.
La defensa legal del titular de Justicia sostiene que la Fiscalía no tiene los elementos fácticos para que esta investigación sea por crimen organizado al referir que dentro del proceso penal común solo puede ampliarse el plazo una sola vez y posterior a ello debe pronunciarse.
Remarcó que no existen premisas que permitan la migración de un proceso complejo a uno por crimen organizado y criticó que este plazo de ocho meses de ampliación es irracional porque la Fiscalía inició esta investigación sobre la base de datos objetivos ubicándola en el proceso penal común.
Presunto delito de tráfico de influencias
No obstante, el juez precisó que desde el inicio de esta investigación preliminar, el 8 de setiembre del 2023 por 60 días, y la declaratoria de “caso complejo” hasta la fecha de la audiencia en que se evaluó esta solicitud de control de plazos, han transcurrido 10 meses y ocho días y la disposición fiscal del último 7 de mayo por la cual se adecúa esta investigación a una de crimen organizado y se amplió por ocho meses adiciones vencería el 8 de enero del 2025, encontrándose en la actualidad vigente el plazo establecido.
El Ministerio Público investiga a Eduardo Arana por el presunto delito de tráfico de influencias tras la difusión de reportes periodísticos sobre una conversación telefónica con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, el 9 de abril del 2018, respecto a un proceso judicial en ejecución.
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