El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos como presunto instigador del delito de tráfico de influencias y alternativamente por el cargo de cohecho activo específico.
Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Corte Suprema revisará la resolución judicial que rechazó el pedido del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, para que se ordene a la Fiscalía precisar “cuál es la imputación" en su contra dentro de la investigación preliminar que se le sigue por el caso ‘Los cuellos blancos del puerto’.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró "bien concedido" el recurso de apelación que presentó Arana Ysa para que se revoque la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el último 26 de enero, en la que declaró infundada una tutela de derechos en la que hacía dicho pedido.
El tribunal, presidido por el juez supremo César San Martin, determinó que dicho recurso de apelación cumple con los presupuestos objetivos, subjetivos y formales, establecidos por el Código Procesal Penal para ser admitido.
Por lo tanto, en los próximos días se programará fecha y hora de la audiencia virtual para ser evaluado y que contará con la participación de las partes involucradas a fin de emitirse una decisión final al respecto.
Investigado por el presunto delito de tráfico de influencias
El abogado del ministro de Justicia sostuvo como agravio que se vulneraron los derechos a la defensa y a probar de su patrocinado al sostener que en la decisión impugnada existieron contradicciones en las premisas y no se evidenciaron los elementos objetivos de los tipos penales imputados.
Cabe recordar que la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos inició una investigación preliminar a Eduardo Arana como presunto instigador del delito de tráfico de influencias y alternativamente por el cargo de cohecho activo específico tras la difusión de reportes periodísticos sobre una conversación telefónica con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, en el año 2018 respecto a un proceso judicial en ejecución.
Te recomendamos
El Gobierno haría muy mal en satanizar el paro y criminalizar la protesta, en vez de tomar en cuenta los reclamos de quienes han visto morir a sus compañeros, carentes de apoyo del Estado y sus autoridades.
Comparte esta noticia
Siguenos en