por Julio Cisneros
. Actualizado elLa Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revisará una apelación presentada por Guillermo Bermejo para revocar una resolución previa en la que se aceptó el pedido de la defensa del Estado para constituirse como actor civil o parte agraviada en este proceso penal.
La Corte Suprema revisará la resolución judicial que ordena incorporar a la Procuraduría General del Estado como actor civil o parte agraviada dentro de la investigación preparatoria seguida a los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido por el presunto delito de obstaculización a la acción de la justicia.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró bien concedido el recurso de apelación que presentó el legislador Guillermo Bermejo para revocar la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el último 24 de junio, en la que aceptó el pedido de la defensa legal del Estado peruano para constituirse como actor civil o parte agraviada dentro de este proceso penal.
El colegiado presidido por el juez supremo César San Martín determinó que este recurso de apelación cumple los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal para ser admitido por lo que en los próximos días se deberá señalar el día y la hora de la audiencia virtual para ser evaluada con la participación de las partes involucradas a fin de emitirse una decisión al respecto.
La resolución emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley habilita a la Procuraduría General del Estado a poder solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del nuestro país que se le pueda imponer a estos legisladores de ser hallados culpables de los cargos que les atribuye la Fiscalía en este caso.
La Procuraduría General del Estado presentó una propuesta inicial dentro de su solicitud de constitución civil para que los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido paguen, en forma solidaria, la suma de S/ 247 500 por concepto de reparación civil a favor del Estado.
El caso
El último 3 de enero, la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal dispuso formalizar una investigación preparatoria a estos legisladores por el delito de obstaculización a la acción de la justicia tras atribuirles el presuntamente haber impedido que el exmilitar Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como "Sacha" declare ante los agentes de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional (DIRCOTE) en una investigación seguida a estos parlamentarios por una supuesta vinculación con los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en la zona del VRAEM.
La instancia suprema fiscal dispuso que está investigación preparatoria se lleve a cabo en un plazo de ocho meses al ser declarada "compleja".
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Julio Cisneros Periodista
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