por Redacción RPP
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La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundada la apelación presentada por la defensa legal de Daniel Salaverry, contra la regla de conducta que lo obliga a acudir al Poder Judicial el primer día hábil de cada mes para justificar sus actividades.
Daniel Salaverry, expresidente del Congreso, deberá concurrir al Poder Judicial el primer día hábil de cada mes para justificar sus actividades como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por los presuntos delitos de peculado doloso por apropiación y en favor de terceros, falsedad ideológica y falsedad genérica en agravio del Estado.
Así lo resolvió la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema al declarar infundada la apelación que presentó el exlegislador, mediante su defensa legal, para revocar esta regla de conducta que le impuso el juez supremo Juan Carlos Checkley, como para del mandato de comparecencia con restricciones que dictó en contra de dicho investigado a raíz de este caso.
El tribunal supremo también confirmó el extremo de la decisión que emitió dicho magistrado en el que le impuso a Daniel Salaverry el pago de una caución de 10 000 soles a cancelar dentro de los tres días hábiles de quedar consentida esta resolución.
Mediante una resolución a la que accedió RPP Noticias, la sala suprema determinó que el fallo emitido por el juez supremo Checkley Soria no incurrió en un defecto de motivación que le reste eficacia procesal, como lo alegó la defensa legal del excongresista en su apelación y por el contrario esta decisión ha sido clara, precisa, completa, suficiente y razonable.
Investigaciones
Daniel Salaverry es investigado en el Ministerio Público por presuntamente haberse apropiado del dinero entregado por la Dirección General de Administración del Congreso para sus actividades durante la semana de representación, que supuestamente no se realizaron en enero y febrero de 2017.
Es procesado por los delitos de peculado doloso por apropiación, peculado doloso por apropiación a favor de terceros, y falsedad ideológica o, alternativamente, falsedad genérica en agravio del Estado.
El exparlamentario también es investigado por presuntamente haber presentado informes fraudulentos para sustentar supuestas actividades realizadas durante la semana de representación en enero, febrero, noviembre y diciembre de 2017, así como enero, febrero y marzo de 2018.
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