La Fiscalía pidió también la cancelación de la inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O, ligado a Antauro Humala, en el Registro de Organizaciones Políticas, el cierre de sus locales partidarios y la inhabilitación de los ciudadanos que integran su cadena de mando.
La Corte Suprema decidirá en los próximos días si declara la ilegalidad del partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O), vinculado al etnocacerista Antauro Humala.
La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema evaluó este lunes 14 de octubre la solicitud que hizo la Fiscalía de la Nación para que se declare la ilegalidad de dicho partido y se ordene, además, la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas, el cierre de sus locales partidarios y la inhabilitación de los ciudadanos que integran su cadena de mando
El fiscal adjunto supremo Wilfredo Mendoza afirmó que existe una amenaza real que pone en serio riesgo la protección de los principios democráticos y la transgresión de derechos fundamentales, al resaltar el discurso violento de odio y discriminación de “su líder histórico y candidato natural” Antauro Humala, quien, según dijo, no es cierto que sea solo un militante, ya que participa en las escuelas de formación de esta agrupación.
Por su parte, Jesús Barboza Cruz, representante legal del partido político A.N.T.A.U.R.O, pidió a la sala suprema que declare infundado en todos sus extremos esta solicitud, al sostener que la Fiscalía de la Nación busca generar confusión y actúa de mala fe al tratar de soslayar el derecho a la opinión del militante Antauro Humala que no es la posición de su partido político.
El letrado remarcó que la solicitud de la Fiscalía de la Nación ha caducado, ya que fue presentada fuera del plazo de 60 días que establece nuestro ordenamiento constitucional tras la emisión de la resolución sobre la inscripción de su partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones el 12 de diciembre del 2023.
Tras escuchar a las partes, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema “dejó al voto” la solicitud de la Fiscalía de la Nación para ser resuelta dentro del plazo de ley.
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