La Justicia debe aplicarse a todos por igual y sancionar sin miramientos a quienes se hayan aprovechado de su función para blanquear dinero, sea en beneficio propio o en el de sus partidos.
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El día domingo se han realizado dos audiencias en las que estaba en juego la prisión preventiva para actores importantes de nuestra vida pública. Por una parte, el fiscal José Domingo Pérez volvió a vérselas con el Juez Richard Concepción Carhuancho, esta vez para solicitar la prisión preventiva para Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular. El tema de fondo es el financiamiento de la campaña del 2011, pero solo pudieron abordarse dos puntos relativos al procedimiento judicial. Los abogados defensores de los investigados plantearon la recusación del Juez por su supuesta falta de imparcialidad, pero el Juez rechazó esa demanda, que deberá ser resuelta en breve plazo por una instancia superior. Los abogados afirmaron también que no habían recibido todos los documentos utilizados por la Fiscalía, que por lo demás no trataba individualmente a cada investigado. Atendiendo a ese argumento, el juez suspendió la audiencia y dio 24 horas a la Fiscalía para que complete la entrega de la documentación.
De manera que solo cuando se hayan subsanado esas deficiencias podremos saber si la justicia impone o no la prisión preventiva. Entretanto, se añaden a los fundamentos de la acusación fiscal supuestas afirmaciones de testigos protegidos, que Keiko ha calificado como “extorsiones de la Justicia”. Interrogada sobre supuestos aportes fraguados a su campaña, Keiko sostuvo que en el peor de los casos se trataría solo de “faltas administrativas” y no de lavado de activos que es la figura penal que el Fiscal le aplica. La misma figura, por lo demás, que condujo a la prisión preventiva a Ollanta Humala y su cónyuge.
La otra audiencia no tuvo mayores obstáculos de procedimiento y decidió la prisión preventiva del destituido juez César Hinostroza, prófugo de la justicia y detenido en España. Esperemos que con la misma celeridad se actúe en el procedimiento de extradición para que Hinostroza pueda dar cuentas al país, no solo de su actuación como juez delincuente, sino también de las complicidades que le permitieron huir del Perú y aterrizar en un país donde, quizás él no lo sabía, un juez ha enviado a la prisión al cuñado del rey Felipe VI.
Nuestro país debe atravesar un período difícil de purificación y renovación de las instituciones y sus dirigentes. Necesitamos garantizar a la vez severidad y respeto a las garantías de los justiciables. Pero al mismo tiempo es indispensable que los dirigentes políticos señalen el camino de proyectos y reformas que aseguren el dinamismo de nuestra economía y la confianza de los ciudadanos. La Justicia debe aplicarse a todos por igual y sancionar sin miramientos a quienes hayan aprovechado de su función para blanquear dinero, sea en beneficio propio o en el de sus partidos.
Este domingo se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. El expresidente Fernando Henrique Cardoso ha salido de su reserva para afirmar que el favorito Jair Bolsonaro es “un peligro para la democracia”. Pero el sociólogo Cardoso juzga que la llegada al poder de un demagogo populista se explica por el descontento generalizado causado por la combinación tóxica de corrupción e inseguridad ciudadana. Lo sabio es aprender de las desgracias ajenas para evitar que las mismas se produzcan en casa. Ya sabemos: o logramos poner punto final a la impunidad y el dinero público se usa para mejorar las condiciones de vida de nuestra población, o corremos el riesgo de conmemorar el bicentenario de nuestra independencia con un jefe de estado que nos lleve al abismo.
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Fernando Carvallo Columnista
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