César Nakazaki dice que investigación fiscal permitirá saber si intervención quirúrgica incapacitó a Dina Boluarte

Nuevo proceso contra Dina Boluarte. La Fiscalía de la Nación inició este jueves una investigación preliminar contra la mandataria por no informar al Consejo de Ministros ni al Congreso sobre un procedimiento quirúrgico al que se sometió en el 2023.

A través de un comunicado, el Ministerio Público detalló que las pesquisas serán por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales y abandono de cargo, después de que el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, diera cuenta de la intervención de Dina Boluarte.

Desde la Fiscalía indicaron que estos hechos están referidos a la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de presidenta de la República al Consejo de Ministros y al Congreso de la República, del 29 de junio al 9 de julio de 2023, por una intervención quirúrgica a la que se sometió.

A horas de la disposición fiscal, el abogado penalista César Nakazaki detalló que la investigación preliminar permitirá conocer si es que la intervención quirúrgica incapacitó a Boluarte Zegarra para ejercer sus funciones como jefa de Estado.

“Sí, es importante que se haya abierto la investigación para que se pueda obtener de manera legal la información médica indispensable que permita determinar si el tratamiento quirúrgico que se le aplicó a la presidenta la incapacitó para ejercer el cargo…”, declaró en el programa Ampliación de Noticias.

Juez puede ordenar al médico tratante a revelar la información

El especialista remarcó que el médico tratante puede evitar dar detalles bajo el amparo del “secreto profesional”; sin embargo, enfatizó que, con una orden judicial, el galeno estará en las facultades de detallar el proceso quirúrgico al que se sometió Boluarte. Según Otárola, la intervención fue por un supuesto problema respiratorio y no por una cuestión estética.

“El problema es que se ha pretendido obtener la información al margen de la ley y veíamos al presidente de la Comisión de Fiscalización crucificándolo al médico, pero los médicos tienen un deber de secreto profesional que, si lo violan, cometen un delito. La única autoridad que puede solicitar el levantamiento del secreto médico es un juez”, apuntó.

Nakazaki indicó que el tema de fondo no es la operación, sino los efectos del posoperatorio que podrían haber generado una incapacidad temporal en la presidenta para realizar sus funciones, como la firma de decretos, la promulgación de normas, la dirección de las sesiones del Consejo de Ministros.

Y es que, de acuerdo con Alberto Otárola, la mandataria cumplió sus obligaciones y dirigió virtualmente la sesión del Consejo de Ministros, amparándose en la normativa que le permite ejercer la Presidencia de manera remota.

“Lo que hay que determinar es si hubo abandono del cargo, no es un tema de que se debió informar o no. Cuando se conozca el tratamiento médico, el posoperatorio de la paciente, se podrá determinar si eso significo que haya estado inconsciente, que no haya tenido capacidad de comunicación y que no haya podido realizar actos presidenciales”, finiquitó.