Así lo confirmó su abogado, César Nakazaki, quien sostuvo que con las declaraciones de Karelim López se pueda establecer que ella no cometió el delito de tráfico de influencias. Indicó también que solicitaron el máster original, no copia, del reportaje difundido por un dominical sobre las visitas a la casa del presidente Pedro Castillo en el jirón Sarratea.
La empresaria Karelim López inició este jueves 6 de enero a rendir su declaración ante la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, como parte de la investigación preliminar que se le sigue por el caso denominado ‘Provías descentralizado’.
Así lo indicó su abogado César Nakazaki, quien dijo esperar que con la declaración de su patrocinada se pueda establecer que ella no cometió el delito de tráfico de influencias por el que se le investiga bajo orden de impedimento de salida del país por 8 meses, en el marco de las investigaciones por este caso.
En esa línea, el abogado también señaló que solicitaron el máster original, no copia, del reportaje emitido por el dominical Cuarto Poder sobre el seguimiento de personas asistentes a la vivienda del presidente Pedro Castillo, ubicada en el pasaje Sarratea, en el distrito de Breña.
Investigación
La fiscal anticorrupción Karla Zecenarro inició de oficio una investigación preliminar por 120 días, luego de que se conociera sobre licitación de una obra en la región San Martín a una empresa constructora que era asesorada por Karelim López, quien acudió a Palacio de Gobierno y al inmueble de Breña antes y después de que se licitara el proyecto.
La investigación está relacionada a presuntas irregularidades detectadas en la licitación “construcción del Puente Vehicular Tarata sobre el río Huallaga, provincia de Mariscal Cáceres, en la región San Martín”, por un monto ascendente a más de 232 millones de soles.
Al respecto, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, determinó en una resolución que existe mérito para iniciar una investigación preliminar al jefe de Estado por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado o patrocinio ilegal y otros que se puedan determinar.
Sin embargo, Ávalos precisa en su resolución que todos los actos de investigación contra el mandatario quedan suspendidos hasta culminado el periodo en el que Pedro Castillo ejerza como presidente de la República.
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