por Redacción RPP
. Actualizado elLa defensa legal peruana demandó que estas personas también paguen, en forma solidaria, la suma de un millón 435 mil 200 dólares como indemnización a favor del Estado peruano dentro del caso Odebrecht.
La Procuraduría AD HOC para el caso Lava Jato solicitó al Poder Judicial que un grupo de exautoridades vinculadas al Partido Aprista Peruano paguen, en forma solidaria, la suma de 69 millones 743 mil 597.68 soles como reparación civil a favor del Estado peruano como parte de la investigación preparatoria que se les sigue por el caso Odebrecht.
La defensa legal peruana demandó que estas personas también paguen, en forma solidaria, la suma de un millón 435 mil 200 dólares como indemnización a favor del Estado peruano dentro de este caso.
La Procuraduría AD HOC para los casos Odebrecht y Lava Jato presentó esta propuesta inicial de reparación civil a favor del Estado peruano dentro de la solicitud que hizo para constituirse como “actor civil” o “parte agraviada” en la investigación preparatoria seguida a estas personas por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir a raíz de este caso, la cual fue aceptada el ultimo 22 de mayo por el juez Richard Concepción Carhuancho.
El magistrado determinó que la solicitud de constitución en actor civil que presentó la defensa legal del estado cumplió los presupuestos de justificación que establece el Código Procesal penal para ser aceptado por lo que rechazó las oposiciones formuladas por los exministros Jorge del Castillo, y Hernán Garrido Lecca, la excongresista Luciana León y Luis Antonio Gasco Bravo, al pedido que hizo la Procuraduría AD HOC dentro de este proceso penal.
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Reparación civil a favor del Estado peruano
La decisión del juez Richard Concepción Carhuancho habilita a la Procuraduría AD HOC para los casos Odebrecht y Lava Jato a solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado peruano que se le pueda imponer a todos estos investigados de ser hallados responsables de los cargos que se les atribuye la Fiscalía en este caso.
Esta investigación preparatoria se originó a raíz de la declaración que brindó el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata, en Brasil, el 28 de febrero del 2018, en la que reveló que dicha empresa brasilera entregó la suma de 200 mil dólares para financiar la campaña presidencial del líder aprista, Alan García, en el año 2006.
Esto originó que la Fiscal María Salazar, del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, formalizara en el 2023 esta investigación preparatoria por un plazo de 36 meses al ser declarada de naturaleza "compleja".
La magistrada dispuso que se lleven a cabo una serie de diligencias como recibir las declaraciones indagatorias de los investigados, quienes son los exministros Jorge del Castillo, Luis Alva Castro, Javier Velásquez Quesquén, Mercedes Cabanillas, Hernán Garrido Lecca, los excongresistas Mauricio Mulder, Luciana León, César Zumaeta y los dirigentes apristas Franklin Chávez Montenegro y Luis Antonio Gasco Bravo.
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Las instituciones jurisdiccionales deberían contar con una autoridad inapelable. Pero lo que vemos actualmente es que carecen de ella más que nunca.
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