El abogado de la Procuraduría Ad Hoc, Miguel Chero, también demandó que Alejandro Toledo y los demás investigados paguen en forma solidaria la suma de S/ 7 889 312, por concepto de reparación civil a favor del Estado, por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir a raíz de este caso.
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La Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato pidió al Poder Judicial que el exmandatario Alejandro Toledo y otros paguen, en forma solidaria, la suma de 15 744 089.16 dólares, por concepto de reparación civil a favor del Estado, por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de los supuestos aportes ilegales a su campaña presidencial del 2011.
Durante una audiencia virtual realizada el último 19 de julio, el abogado de la Procuraduría Ad Hoc, Miguel Chero, también demandó que el exmandatario y los demás investigados paguen en forma solidaria la suma de 7 889 312 soles, por concepto de reparación civil a favor del Estado por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir a raíz de este caso.
El representante de la defensa legal del Estado planteó estos dos pedidos provisionales como parte de la solicitud que presentó para que su institución sea considera como “actor civil” o “parte agraviada” dentro de la investigación preparatoria que inició la Fiscalía al exjefe de Estado, a los exministros Javier Reategui y Carlos Bruce, el exjefe de seguridad Avraham Dan On y a un grupo de personas vinculadas al partido político Perú Posible.
El abogado hizo este pedido al remarcar que los hechos atribuidos por la Fiscalía a los investigados han lesionado la imagen institucional del Estado peruano.
Al respecto, la defensa legal del exministro Reategui Rosello y de Pedro Rodriguez Aliaga, formuló oposición al pedido de la Procuraduría Ad Hoc, mientras que el Ministerio Público presentó un escrito en el que informa que no se opone a este requerimiento.
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El pedido de constitución como “actor civil” de la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato fue presentado ante el juez Jorge Chavez Tamariz quien, tras escuchar a las partes involucradas, anunció que notificará su decisión dentro del plazo de ley.
La investigación fiscal se inició en el año 2018 luego que el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Simones Barata, reconoció ante el Ministerio Público que entregó 700 mil dólares a Abvraham Dan On, exjefe de seguridad del gobierno de Alejandro Toledo, para financiar la campaña presidencial del entonces líder del partido político Perú Posible en el 2011.
Toledo Manrique cumple 18 meses de prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo en el distrito limeño de Ate por el caso de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, vinculado a Odebrecht por el cual fue extraditado el pasado 23 de abril desde los Estados Unidos tras pesar sobre el exmandatario una acusación penal en su contra de 20 años y 6 meses de prisión en este proceso penal.
El exmandatario también afronta otro proceso penal por el caso del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica junto a la empresa brasilera Camargo y Correa y además tiene un juicio pendiente junto a su esposa Elian Karp por el denominado caso Ecoteva, donde el fiscal superior Rafael Vela pidió para ambos la pena de 16 años y 8 meses de cárcel.
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