La Fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva contra Luis Mesones Odar, quien -a través de su defensa legal- ha pedido afrontar la investigación con comparecencia con restricciones.
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La suerte de Luis Mesones Odar, exesposo de la empresaria Sada Goray, quedó en poder del juez Raúl Justiniano, quien el martes, 19 de setiembre, decidirá si le impone 36 meses de prisión preventiva por el caso Fondo Mivivienda, durante el Gobierno de Pedro Castillo.
En una audiencia a realizarse desde las 4:00 p.m. en la sede del Poder Judicial, en el Cercado de Lima; el magistrado dará a conocer ese día su veredicto frente al requerimiento que hizo el fiscal Freddy Niño Torres ante su despacho, para que se imponga dicha medida a Mesones Odar, a raíz de este caso.
Por su parte, el abogado de Mesones Odar pidió al juez Justiniano Romero que se declare infundado el requerimiento fiscal y que su patrocinado afronte esta investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país.
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Ante la justicia
Luis Mesones Odar se presentó ante el juez Raúl Justiniano el último lunes, 4 de septiembre, cuando inició la evaluación del pedido fiscal de 36 meses que se solicitó en su contra.
Mesones Odar se encontraba en calidad de “no habido” por la justicia desde el último 7 de julio, cuando el juez Justiniano Romero, a pedido de la Fiscalía, ordenó su detención preliminar por diez días junto con la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini, el exjefe del Fondo Mivivienda Pedro Arroyo Marquina y el exsuperintendente de Bienes Estatales Roger Gaviria Johason; quiénes ahora cumplen un mandato de prisión preventiva por 30 meses en penales de nuestra ciudad capital.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder inició está investigación, luego de que la empresaria Sada Goray reconociera ante el Ministerio Público que pagó en efectivo más de cuatro millones de soles a Salatiel Marrufo, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que su entonces empresa, MarKa Group, obtuviera contratos en este sector durante el Gobierno de Pedro Castillo.
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