Caso Emma Benavides: Fiscalía terminó etapa de investigación preparatoria y estaría por emitir un pronunciamiento

Eduardo Roy Gates, abogado de la jueza Benavides, señaló que su patrocinada ya contaba con tres inmuebles al momento de ingresar al Poder Judicial, hace 30 años. La Fiscalía la investiga por presunta participación en una organización criminal.

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Enma Benavides, actualmente, es jueza de la Corte Superior de Justicia de Lima | Fuente: Justicia TV

La Fiscalía Anticorrupción continúa avanzando en el caso que involucra a Emma Benavides, jueza de la Corte Superior de Justicia de Lima, y a otros dos magistrados del Poder Judicial.

Eduardo Roy Gates, abogado de Benavides y de la jueza María Luisa Apaza Panuera y el ex magistrado Lorenzo Ilave García, señaló que el Ministerio Público ya concluyó con la etapa de formalización de la investigación preparatoria y estaría a puertas de emitir un pronunciamiento al respecto.

"Cuando culmina con esta etapa, la Fiscalía tiene que efectuar un requerimiento que puede ser acusatorio o de sobreseimiento, o sea, de archivamiento”, precisó Roy Gates en Ampliación de Noticias.

Como se sabe, Benavides, hermana de la actual fiscal de la Nación, y los otros implicados referidos son investigados por la Fiscalía por, presuntamente, ser integrantes de una organización criminal que recibió sobornos a cambio de liberar a reos imputados por los delitos de narcotráfico y extorsión.

El hecho ilícito se habría realizado cuando integraban el Colegiado E de la Sala Penal Nacional, entre noviembre del 2012 y marzo del 2015.

"No se detectó desbalance patrimonial"

Respecto a las investigaciones contra Benavides Vargas, el abogado indicó que, durante los años de servicio de su patrocinada, la Contraloría no detectó algún desbalance patrimonial en sus declaraciones anuales de bienes y rentas.

"Un funcionario público, cuando asume un cargo, hace una declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría (...) Si existe algún desbalance patrimonial, la Contraloría puede hacer un informe a la Fiscalía para que se inicie una investigación por enriquecimiento ilícito. Todo esto es público y no existe ningún informe de la Contraloría que hable de un supuesto desbalance patrimonial de la Dra. Emma Benavides", indicó.

Debido a ello, el abogado calificó como "especulaciones" a dichos argumentos contra su defendida porque "el caso tiene cierta atención mediática y política".

"No existe informe de la Contraloría respecto a un supuesto desbalance. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la Dra. Benavides tuvo un matrimonio con una persona que falleció hace algunos años y que tenía un patrimonio considerable (...) No podemos caer en meras especulaciones diciendo que, como tiene tantos inmuebles, se presume que provienen de una actividad ilícita ", agregó.

Investigaciones contra la magistrada

El pasado mes de setiembre, la Fiscalia Anticorrupción formalizó la investigación preparatoria contra Benavides Vargas por los presuntos delitos de cohecho y organización criminal. Por el caso, el juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Muñoz, impuso comparecencia restringida, impedimento de salida del país por 36 meses y pago de 50 mil soles de caución en contra de la hermana de la Fiscal de la Nación.

Las investigaciones fiscales lograron identificar tres casos por los que Benavides y otros tres magistrados habrían recibido dinero a cambio de dar libertad a imputados. Uno de ellos data del 2012 y comprende a Roberto Gómez Herrera (alias 'Huevo'), Percy Matos Sandoval, Edison Ruiz Martínez, entre otros, quienes estaban presos en el penal de Ancón por un cargamento de mil kilos de cocaína.

Según la Fiscalía, el Colegiado E de la Sala Penal Nacional, integrado por Benavides Vargas y los demás implicados, confirmó la orden de libertad a favor Gómez Herrera y Ruiz Martínez, dos procesados por el caso que sí habrían pagado a cambio de ese beneficio.

Otro caso data del 2014 y se trata de José López Quispe, detenido por narcotráfico, quien, tras un pago de 70 mil dólares, habría sido liberado por la Sala de Benavides. El tercero es por el caso de crimen organizado  'La Cruz de Piura'. En ese caso, Hilario Manuel Rosales Sánchez, ex mayor de la PNP, declaró que en el 2014, un abogado que dijo venir de parte de Emma Benavides le pidió 100 mil dólares a cambio de su liberación. Sin embargo, al no haberse concretado el pacto, su detención fue confirmada con una resolución.

Al respecto, Eduardo Roy Gates señaló que las sindicaciones de los testigos contra su defendida se deben a que "la Sala nunca otorgó la libertad, sino que confirmó los mandatos de detención".

"En la investigación, se ha hecho levantamiento de las comunicaciones y ni siquiera existen llamadas telefónicas entre los miembros de la Sala y estas personas. Ni siquiera con los abogados con los que, supuestamente, estas personas señalan que habrían sido vehículo para trasladar esa solicitud imaginada. Esa es una sindicación de personas que nunca recibieron ningún beneficio por parte de la Sala. No es extraño que estas personas quieran enlodar el trabajo que hizo la Sala en su conjunto", alegó.


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