por Redacción RPP
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La Defensoría del Pueblo demandó al Poder Judicial cumplir con estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Tribunal Constitucional en materia de libertad de expresión.
La Defensoría del Pueblo condenó este lunes el uso de la justicia penal como mecanismo de afectación a la libertad de expresión tras la sentencia del periodista Christopher Acosta y el editor Jerónimo Pimentel por difamación agravada contra César Acuña por el libro 'Plata como Cancha'.
"En el caso del periodista Christopher Acosta, hemos condenado el uso de la justicia penal como mecanismo de afectación a la #LibertadDeExpresión y demandado que se respeten estándares internacionales en el caso en su contra", indicó a través del Twitter.
El organismo constitucional autónomo demandó también al Poder Judicial cumplir con estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Tribunal Constitucional en materia de libertad de expresión.
El juez Raúl Vega sentenció a Christopher Acosta y a Jerónimo Pimentel a dos años de prisión suspendida, el pago de una multa de 1 875 soles y de una reparación civil de 400 000 soles, que deberá ser abonada en forma conjunta, a favor del demandante César Acuña que los querelló tras la publicación del libro en 2021.
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"Grave precedente"
La Defensoría del Pueblo ya había condenado en la víspera el empleo de la justicia penal con el fin de limitar a todas aquellas personas que ejercen sus libertades de expresión e información.
"En reiteradas ocasiones se ha puesto en relieve la situación de las y los periodistas que, a consecuencia del ejercicio de su profesión, son sometidas/os a procesos penales a fin de silenciarlas/os", indicó a través de un comunicado.
El organismo recordó que en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha resaltado la especial protección que gozan los discursos o informaciones sobre funcionarios y personajes públicos, de ahí que exista un menor margen para la imposición de restricciones, las que deben ser necesarias y razonables.
"La Defensoría del Pueblo reitera que es incompatible con el sistema constitucional y democrático el empleo de mecanismos de persecución penal para reprimir la libre difusión de ideas, máxime cuando estas versan sobre asuntos de relevancia pública. La propia Corte Interamericana ha precisado que no es convencionalmente procedente recurrir al derecho penal para proteger el honor de un funcionario o personaje público", destacó.
Además, solicitó al Poder Judicial proteger la libertad de prensa y a las mujeres y los hombres de prensa y advirtió que un eventual fallo condenatorio constituiría un "grave precedente" en contra de la libertad de expresión y de la democracia y, además, implicaría el desconocimiento e incumplimiento de las obligaciones internacionales.
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