por Redacción RPP
. Actualizado elLa defensa legal del Estado solicitó que se les incorpore como “parte agraviada” en este caso que involucra a la esposa del expresidente Pedro Castillo.
La Procuraduría Pública Especializada en delitos de Corrupción solicitó al Poder Judicial que ordene su incorporación como “actor civil” o “parte agraviada” en la investigación preparatoria seguida a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes, así como otros por el denominado caso ‘Anguia’.
La defensa legal del Estado incluyó en su pedido la pretensión patrimonial que persigue como reparación civil, además de señalar el perjuicio generado por la comisión del hecho delictivo con los respectivos investigados en relación con el delito que se le imputa a cada uno en este caso.
Al respecto, el juez Raúl Justiniano Romero admitió a trámite esta solicitud y dispuso que sea puesta en conocimiento de las partes involucradas remarcando que en caso hubiera alguna oposición a este pedido se citará a una audiencia para ser debatido y resuelto, caso contrario se emitirá la resolución que corresponda sobre este requerimiento.
Si el magistrado declara fundada esta solicitud, la Procuraduría Pública Especializada en delitos de Corrupción estará habilitada para solicitar el pago de una eventual reparación civil a favor del Estado, en caso los investigados sean hallados responsables de los cargos que se les imputa dentro de este proceso penal.
Investigación incluye a Lilia Paredes
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder atribuye a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes, al exalcalde de Anguia, José Nenil Medina Guerrero y otros ser parte de una organización criminal dedicada a las licitaciones públicas fraudulentas.
Dicha organización habría tenido como campo de acción los departamentos Lima, Cajamarca y Amazonas, donde se favoreció a empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por grandes sumas de dinero, pese a no contar con los requerimientos exigidos por la ley.
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