Poder Judicial rechaza tutela de derechos presentada por Bruno Pacheco para archivar investigación

Bruno Pacheco, exsecretario General de Palacio de Gobierno durante la gestión del expresidente Pedro Castillo, seguirá afrontando la investigación fiscal que se le sigue junto a otros involucrados por el presunto delito de lavado de activos, vinculado al caso Puente Tarata.

Así lo determinó la jueza Soledad Barrueto al declarar infundada la tutela de derechos que presentó la defensa legal de Bruno Pacheco para que se ordenará al Ministerio Público que archive esta investigación seguida contra su patrocinado y sea excluido de este caso.

La defensa legal de Bruno Pacheco presentó esta tutela de derechos para proteger su derecho constitucional a no ser procesado dos veces por lo mismo al sostener que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder lo investiga por los mismos hechos y fundamentos relacionados al proceso penal en curso por presunto enriquecimiento ilícito.

Razones expuestas por el Poder Judicial

La jueza Barrueto Guerrero determinó que Bruno Pacheco es investigado por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de actos de transferencia, ocultamiento y tenencia de dinero ilícito a raíz del caso Puente Tarata.

En tanto, consideró que ello difiere de las circunstancias expuestas en el requerimiento acusatorio que pesa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, relacionado al hallazgo de dinero, el 19 de noviembre del 2021,en los ambientes que este ocupaba en la Secretaria General de Palacio de Gobierno.

“Como puede apreciarse, el factum descrito en la acusación y el factum descrito en la disposición de formalización de investigación contra el solicitante difieren sustancialmente, ya que en la primera, se señala que este se produjo a raíz de un hallazgo de dinero en el despacho que este tenía en la Secretaría General de Palacio de Gobierno, mientras que el segundo hace referencia a hechos relacionados a actos de conversión, transferencia y tenencia de activos de procedencia ilícita presuntamente, provenientes de actos de corrupción, por lo que, al no existir una coincidencia de los presupuestos para activar la garantía del non bis in idem, la tutela de derechos solicitada no podría ser amparada, en tanto que no se advierte vulneración de derechos del investigado, supuesto indispensable para que esta sea estimada”, se puede leer en la resolución a la que tuvo acceso RPP.