Declaran "inadmisible" casación presentada por Benedicto Jiménez para anular impedimento de salida del país

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró "inadmisible" el recurso de casación que presentó el coronel en retiro de la Policía Nacional, Benedicto Jiménez, con el que buscaba anular la orden de impedimento de salida del país por 24 meses que se dictó en su contra a raíz del caso Orellana.

Jiménez Bacca había interpuesto dicho recurso contra la resolución que emitió el 28 de abril del 2022 la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional en la que confirmó un fallo de primera instancia del 10 de noviembre del 2021 en la que se declaró fundado el requerimiento fiscal para que se le impusiera dicha medida dentro de este proceso penal.

Benedicto Jiménez precisaba que la resolución de dicha sala superior vulnera los principios de proporcionalidad y razonabilidad por no existir suficientes elementos de convicción y no ser indispensable, porque desde hace tres años y siete meses viene cumpliendo comparecencia restringida y no comparecencia simple, como aparece en la acusación fiscal.

Ante ello, Jiménez Bacca consideraba necesario que la Corte Suprema desarrolle doctrina jurisprudencial sobre si resulta procedente la imposición de la medida de coerción personal de impedimento de salida del país superada las etapas de investigación preparatoria e intermedia o de control de acusación.

Decisión de la Corte Suprema

No obstante, los argumentos de la defensa de Jiménez, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema determino que el recurso de casación propuesto no fórmula una pretensión concreta de revocatoria o nulidad respecto a la resolución cuestionada.

"Dado que no se han expuesto ni existen razones suficientes que justifiquen un pronunciamiento de fondo, el caso de autos no reviste mayor trascendencia", precisa el tribunal presidido por el juez supremo César San Martín en su resolución a la que tuvo acceso RPP Noticias.

El Ministerio Público pidió 26 años y 8 meses de prisión contra Benedicto Jiménez en el juicio oral que afronta en el Poder Judicial por su presunta vinculación con la organización encabezada por el abogado Rodolfo Orellana dedicada al saneamiento y el apoderamiento ilícito de bienes inmuebles en el país.