El exprocurador anticorrupción señaló que, en su ponencia, el magistrado del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez Haro, reconoció que la decisión del tribunal podría afectar la eficacia de los acuerdos de colaboración eficaz.
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El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado se refirió a la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena que sea de acceso público el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre la constructora brasileña Odebrecht con la Fiscalía peruana y la Procuraduría AD HOC del caso Lava Jato.
Al respecto, Maldonado apuntó que el proceso debió ser planteado contra el Poder Judicial y no contra el Ministerio Público.
"De un lado, en efecto, hay un derecho de acceso a la información pública. Pero tratándose de una situación en la cual hay un instituto que está protegido por la reserva de la ley, partiendo del supuesto de que no todos los derechos fundamentales son ilimitados (...), la propia decisión del Tribunal Constitucional refiere que en cierto portal está la sentencia. Tampoco es un tema que incumbe a los fiscales. En realidad la demanda debió ser planteada contra el Poder Judicial, no contra el Ministerio Público. Aquí hay una mala fe de parte del demandante", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.
"El Poder Judicial es el poder que, en última instancia, ha definido la procedencia o no de un acuerdo de colaboración eficaz. No es el Ministerio Público. Al final del día es el Poder Judicial el que homologa el acuerdo y dice si prospera o no prospera (...). Por eso digo que hay mala fe de parte del demandante. Porque el demandante está incurso en una campaña dirigida a descalificar la acción del Equipo Especial Lava Jato. En todos los países, excepto en el Perú, el caso Lava Jato prácticamente ha muerto, en especial en Brasil, donde gracias al señor Lula da Silva —que no debería estar en la Presidencia, sino en la cárcel—, que ha puesto a su abogado como magistrado del Tribunal Supremo brasileño, todos los casos Lava Jato han muerto y se han caído", manifestó.
"No es un caso claro de vulneración del derecho constitucional al acceso a la información pública (...). Creo que esa demanda carece de la suficiencia y la legitimidad necesaria. Y creo que tiene otro propósito subalterno", agregó.
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Domínguez Haro "reconoce que la decisión del tribunal pueda afectar la eficacia de los acuerdos", apunta Maldonado
En otro momento, el exprocurador señaló que el magistrado del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez Haro, reconoció que la decisión del tribunal podría afectar la eficacia de los acuerdos de colaboración eficaz.
"El acuerdo al que se hace mención, si bien es cierto tiene una sentencia final del Poder Judicial, es un acuerdo que está en marcha, es un acuerdo dinámico, que está produciendo otros efectos en la investigación. De este acuerdo original con Odebrecht han surgido otros, como el Club de la Construcción", indicó.
"El magistrado Domínguez Haro hace una ponderación de derechos y reconoce que, respecto de algunos delitos reconocidos por el colaborador eficaz y que se encuentran en investigación, esta se podría ver interferida si se diera a conocer la referida descripción, por lo que dicha información deberá ser tachada por el Ministerio Público, previa justificación de esta decisión. O sea que este magistrado reconoce la complejidad de los acuerdos y reconoce que la decisión del tribunal pueda afectar la eficacia de los mismos", finalizó.
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