José Domingo Pérez sobre eventual pedido de arresto domiciliario de Alejandro Toledo: "No podemos adelantarnos"

El fiscal José Domingo Pérez conversó brevemente con la prensa a su salida de la Corte. | Fuente: RPP

El fiscal José Domingo Pérez calificó de "positiva" la extradición del expresidente Alejandro Toledo y defendió la posición de llevar la diligencia de control de identidad de forma presencial. 

El fiscal José Domingo Pérez llegó a la Corte Superior Nacional para presenciar el control de identidad hacia el expresidente Alejandro Toledo, quien fue extraditado al Perú desde Estados Unidos este domingo.

Domingo Pérez calificó como “positivo” el hecho que el exmandatario ya se encuentre en suelo peruano para responder por el caso de la construcción de la carretera Interoceánica.

"Creo que este es un resultado positivo para la administración de justicia del país con lo cual se demuestra que el Equipo Especial que lidera el fiscal José Vela Barba siempre ha actuado con orden, con firmeza y con mucha responsabilidad", indicó.

Posteriormente, declaró sobre un eventual pedido de arresto domiciliario que la defensa del exmandatario evalúa, debido a su estado de salud.

“Ese es el pedido que se ha realizado a la Fiscalía (que esté en prisión preventiva) y lo vamos a sostener. Ya las estrategias o las posiciones de la defensa no podemos adelantarnos hasta que estas sean presentadas a nivel del juez”, refirió.

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Asimismo, el fiscal respondió a la pregunta de por qué el Equipo Especial Lava Jato solicitará que la diligencia de control de identidad se realice de manera presencial y se haya rechazado la solicitud de la defensa del expresidente para que sea virtual.

"Por la labor que hacen ustedes los periodistas y las periodistas. Por control social", resaltó.

El expresidente fue extraditado al Perú desde los Estados Unidos para responder por los cargos de corrupción imputados en su contra por la carretera Interoceánica.

El contrato para esa obra, que uniría a Perú con Bolivia y Brasil, se firmó con Odebrecht en el 2005, durante el gobierno de Toledo. Se firmó pese a observaciones de la Contraloría General de la República.

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