El expresidente de la Corte IDH Diego García-Sayán, el analista político Juan Carlos Tafur y la exministra de Justicia Delia Muñoz evaluaron el impacto y las consecuencias del fallo del Tribunal Constitucional que favoreció al expresidente Alberto Fujimori.
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El expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) Diego García-Sayán señaló que, al tratarse de un tema judicializado, este organismo deberá resolver el "dilema" generado tras la decisión del Tribunal Constitucional que allana el camino para reponer el indulto humanitario que fue concedido al expresidente Alberto Fujimori.
Tras destacar que este caso va "por el camino correcto", el exministro de Justicia consideró que "no sería pertinente demandar y esperar que sea el Gobierno, a través de un decreto presidencial, anule el indulto que ha sido revivido por el Tribunal Constitucional", como han sugerido algunas personas.
En diálogo con Enfoque de los Sábados, García-Sayán explicó que la Corte Interamericana citará al Estado peruano, representado por el Poder Ejecutivo (procurador), para que dé una explicación sobre lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional, así como a los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
"Hay tres partes en un proceso en la Corte Interamericana: el Estado y los representantes de las presuntas víctimas (además de los integrantes de la Corte). Lo más probable que ocurra es que para la audiencia que se vaya a realizar antes del 8 de abril -que es cuando se termina el periodo de sesiones- la Corte tenga un informe que le presente el Estado y las posiciones de los representantes de las víctimas y que de ahí tome una decisión", detalló.
Los efectos del indulto a Fujimori
En tanto, el analista político Juan Carlos Tafur consideró que el indulto otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczkynski a Alberto Fujimori en el año 2017 fue irregular porque "fue motivado políticamente y no por razones humanitarias que legalmente hubiesen correspondido para que procediese".
"Yo creo que, dado el caso de una situación de salud precaria, el indulto humanitario cae por su propio peso y no tendría discusión alguna, pero no es ese el caso, entonces me parece que ha hecho mal el TC al convalidar un acto que fue motivado políticamente para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczysnki", señaló.
En entrevista con RPP Noticias, Tafur comentó que, en el ámbito político, el Gobierno pudo no tomar acción sobre este asunto; sin embargo, recordó que, a través de voceros, desde el presidente Pedro Castillo, el canciller, el presidente del Consejo de Ministros y la vicepresidenta, "se han manifestado abierta y virulentamente en contra el indulto".
"Eso va a remarcar la cancha tal cual estaba siendo trazada hasta pocas horas antes, bajo una luna de miel imprevista, inesperada, entre sectores de la derecha como Renovación Popular y el Gobierno y la anuencia de los sectores de la derecha. Yo creo que la postura del Gobierno frente al indulto vuelve a poner frente a frente al Gobierno y a la derecha", estimó.
"Por otro lado, creo que tiende puentes nuevamente para que se reconcilie lo que se llama la izquierda caviar, que tiene una postura respecto al tema Fujimori, con un Gobierno que se ha jugado en el mismo sentido. Creo que tiene un efecto de doble valencia: la confrontación reiterada con la derecha y la posibilidad de que se reconcilie con la izquierda", agregó.
Por su parte, la abogada Delia Muñoz recordó que en el 2018 la Corte emitió un pronunciamiento a raíz del indulto a Alberto Fujimori en la que señaló que los jueces nacionales eran los encargados de validar si este recurso "se ajusta a los estándares establecidos y al derecho de acceso a la justicia por parte de las víctimas".
"Es una sentencia que no niega la posibilidad de un indulto, sino que le dice al sistema judicial es quien debe evaluar", señaló.
Sobre el reciente fallo del TC, la exministra estimó que la Corte podría dictar una medida cautelar para suspender la ejecución del fallo hasta que se convoque a una audiencia de supervisión al Estado peruano sobre el fallo. Esto debido a que el Estado peruano puede ser convocado "si los actos que está realizando están acorde a lo establecido en la sentencia.
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