"Es sumamente grave": abogados de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos rechazan orden de liberación de Alberto Fujimori

La directora de la Asociación pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano; el abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, Ronald Gamarra; y el abogado del Instituto Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera; se pronunciaron en RPP a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional que ordenó la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori.

El TC "llama a la desobediencia"

Gloria Cano expresó su rechazo e indignación ante la resolución del TC. Además, señaló que "llama poderosamente la atención el nivel de desconocimiento" de lo que significa la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los trámites ante la instancia de la Corte Interamericana y sus facultades. 

"Llama poderosamente la atención que personas que ignoran cuál es el procedimiento en instancias interamericanas estén en el máximo Tribunal Constitucional, es un tribunal que vela por los derechos humanos de las personas en este país", indicó.

La abogada recordó que el Estado tiene la obligación de cumplir con los tratados suscritos. Sin embargo, advirtió que "llama la atención" que el Tribunal Constitucional "llama a la acción y la desobediencia" ante la resolución de la CorteIDH.

"Cuando la Corte Interamericana da por cerrada un caso o una supervisión, la Corte está obligada a enviar a la Asamblea de la OEA la relación de las sentencias que no son cumplidas. Pero en este caso, en el caso Barrios Altos estamos bajo supervisión. No se ha dado por finalizado la tramitación de esa etapa que es la supervisión de cumplimiento de sentencia. Por ello es que todavía podemos acudir a la Corte y la Corte puede emitir resoluciones al respecto", dijo.

Además, Gloria Cano anunció que interpusieron "nuevas medidas provisionales" ante la Corte Interamericana como adelantándose a la decisión del Tribunal Constitucional de desconocer la facultad y resoluciones de la CorteIDH.

"Fujimori va a tener que regresar a prisión"

Ronald Gamarra afirmó que "en este ambiente tan tenso" se debe aclarar que ninguna persona debería morir en la cárcel y encontrar las condiciones, de acuerdo a los procedimientos establecidos, para obtener las liberaciones cuando corresponda, respetando el derecho del condenado y de las víctimas.

"Y lo segundo es que un país firma tratados internacionales para cumplirlos, no para sacarles la vuelta. Aquí el Tribunal Constitucional está poniendo al Perú a una nueva condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que va a pasar? La Corte va a llamar a una audiencia de supervisión y luego de escuchar a las partes va a emitir una decisión y esta inminentemente va a ser absolutamente desfavorable al Perú y Alberto Fujimori va a tener que nuevamente que regresar a prisión", explicó.

Ronald Gamarra recordó que la CorteIDH ha establecido los requisitos para debatir la excarcelación de una persona condenada por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Es decir, señaló que ha dejado abierta la posibilidad de discutir ese tema, pero también ha dicho la Corte, aseguró, que el indulto de Alberto Fujimori ha sido "obtenido de manera irregular" sin tomar en cuenta los estándares interamericanos.

Además, Ronald Gamarra precisó que la CorteIDH ya en los últimos 20 años "ha construido un procedimiento de supervisión de ejecución de su sentencia". Sin embargo, acotó que el Tribunal Constitucional está enfrentando a la propia CorteIDH en términos de su competencia.

Carlos Rivera lamentó la decisión del Tribunal Constitucional para liberar a Alberto Fujimori ya que restituye "un indulto ilegal" y coloca al Estado como uno que incumple y desacata gravemente las decisiones de un tribunal internacional.

"Lo que el TC ha decidido hacer es sumamente grave, en el sentido de que a partir de este momento ingresamos en una lista de Estados en los que, de manera decidida y que por voluntad del Tribunal Constitucional, nos coloca en una situación de desacato e incumplimiento a partir de argumentos en realidad bastantes risibles e inconsistentes en la resolución publicada el día de hoy. Nos coloca en una posición degradación de la posición de defensa de los derechos fundamentales, no solo de las víctimas de los casos Barrios Altos y Cantuta, sino del conjunto de personas que pretenda obtener una decisión jurisdiccional de esta instancia interamericana", dijo.

Caso Alberto Fujimori

El martes 28 de noviembre se reveló que el TC declaró improcedente una solicitud de aclaración del Ministerio de Justicia sobre el indulto a Alberto Fujimori y remitió lo actuado al juez de ejecución de un hábeas corpus presentado en la ciudad de Ica a favor del exgobernante.

Para el presidente del citado organismo constitucional autónomo, Francisco Morales Saravia, sí procedía la liberación del expresidente tras la resolución de aclaración.  Además, el magistrado explicó que dependía de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de proceder con la excarcelación del exgobernante. 

El TC estableció en 2022 restablecer los efectos del indulto que otorgó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori, pero la ejecución de esa sentencia fue paralizada por una medida cautelar de la CIDH.

El indulto otorgado el 24 de diciembre 2017 ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018 tras un recurso de la Corte Interamericana que pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Alberto Fujimori fue condenado a prisión.