por Redacción RPP
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En diálogo con RPP, el abogado Benji Espinoza opinó que la cuñada del presidente Pedro Castillo y el alcalde de Anguía deberían esperar en libertad la audiencia de este domingo en la que se resolverá el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva.
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El abogado Benji Espinoza, defensor legal del presidente Pedro Castillo, consideró que los investigados Yenifer Paredes, cuñada del mandatario, y José Nenil Medina, alcalde de Anguía, deberían esperar en libertad la audiencia -postergada para el domingo 26- en la que el juez Johnny Gómez Balboa resolverá el pedido fiscal de prisión preventiva.
"Yo lo que creo es que Yenifer Paredes, de manera inmediata, debe ser excarcelada, como el señor Nenil (Medina), ambos, porque en el Derecho peruano no existe la figura de la custodia, solo hay detención preliminar, que en este caso ha sido 10 días y ya se venció en exceso, y luego el juez tiene que resolver de inmediato. No existe la custodia temporal", indicó.
"Ambos deben recuperar de inmediato su libertad y esperar la decisión del juez (…) Es importante que los jueces internalicen que, si es que no hay un amparo legal, entonces lo que corresponde, vencido el tiempo de la detención, ordenar la excarcelación y que puedan afrontar en libertad la decisión, sea en el sentido que se pronuncie (el juez)", agregó.
Más temprano, luego de dos horas y media de retraso, el juez Johnny Gómez Balboa reprogramó para el domingo 28 de agosto a las 4:00 p. m. la audiencia virtual donde dará a conocer su decisión sobre si acoge o no el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y José Medina Guerrero.
Al respecto, la fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, cuestionó la demora -de más de dos horas- en el inicio de la audiencia en la que se iba a anunciar si se acepta el pedido de prisión preventiva contra Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, y José Nenil Medina, alcalde de Anguía.
"Manifestar una gran preocupación por lo que está sucediendo hoy en la audiencia programada para las 6 de la tarde. Han transcurrido más de dos horas y el juez no se ha pronunciado; es más, tampoco por respeto a los sujetos procesales, al Ministerio Público, no ha pedido un tiempo adicional", reprochó.
"No entendemos por qué esta dilación de más de dos horas, a pesar de que el Poder Judicial emitió un comunicado indicando que por celeridad procesal se iba a llevar a cabo la lectura de la resolución sobre los requerimientos de la prisión preventiva de los investigados", agregó.
En declaraciones a RPP Noticias, la representante del Ministerio Público calificó de inusual la demora en el inicio de la audiencia, a cargo del juez Johnny Gómez Balboa, inicialmente pactada para las 6 de la tarde, pese a que, en su opinón, las pruebas presentadas por el fiscal Jorge García "hablan por sí solas".
"No solo no es normal, sino que el juez no se ha apersonado a la audiencia a la hora señalada, ni durante estas dos horas, para señalar los motivos por los cuales no se ha apersonado a la audiencia. Aquí no solo se trata de una falta de respeto al Ministerio Público, sino causa preocupación esta circunstancia", increpó.
Las imputaciones de la Fiscalía
El juez Johnny Gómez Balboa reprogramó para el domingo 28 de agosto a las 4:00 p. m. la audiencia virtual donde dará a conocer su decisión sobre si acoge o no el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y José Medina Guerrero.
De acuerdo con el fiscal Jorge García Juárez, Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, sería la "lobista" principal y su hermana, la primera dama Lilia Paredes, la coordinadora dentro de una organización criminal que estaría liderada por el jefe del Estado.
Dentro de la presunta organización criminal que se habría enquistado en el Ministerio de Vivienda, figuran como coordinadora la primera dama, Lilia Paredes, como operador José Nenil Medina, como lobbista principal a Yenifer Paredes y como testaferros a los hermanos Espino Lucana.
Durante la audiencia, el fiscal del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder estimó que ambos podrían recibir una condena mínima de 23 años de pena privativa de la libertad en caso sean hallados culpables de los delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.
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La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.
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