Trabajadores de la Defensoría del Pueblo denuncian "despido encubierto" de la secretaria general de su sindicato

El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo denunció ayer, a través de un pronunciamiento, que el titular de dicha entidad, Josué Gutiérrez, no renovó el contrato de la secretaria general del gremio, Magali González, lo que calificaron como un "despido encubierto".

"Rechazamos categóricamente la decisión del defensor del Pueblo (...) de no renovar el contrato de nuestra secretaria general, Magali González Manco, encubriendo lo que a todas luces constituye un despido encubierto", indica el comunicado del sindicato.

Debido a ello, los trabajadores anunciaron un plantón de protesta para hoy, miércoles, al mediodía, en el frontis de la sede de la Defensoría, ubicada en el jirón Ucayali, en el Centro de Lima. 

Denuncian que sería "represalia"

El sindicato indicó que dicha decisión es "una muestra inaceptable de intolerancia y arbitrariedad" por parte de Gutiérrez Cóndor "en represalia por la posición crítica que el gremio sindical ha venido adoptando frente a los actos y decisiones que han afectado la vigencia de los derechos de los trabajadores y trabajadoras" de la entidad.

Vale resaltar que, según el sindicato, la decisión del defensor del Pueblo respecto a Magali González se habría hecho "sin informe técnico de sustento". La medida fue comunicada el día de ayer, 19 de diciembre, a través de un memorando en el que le indicaron a González Manco que su último día de trabajo será el 31 de este mes. 

Como se recuerda, el gremio de trabajadores de la Defensoría del Pueblo ha tenido un rol activo frente a diversos sucesos que involucran a la institución. El pasado mes de noviembre, exigieron a Josué Gutiérrez "que se aparte del cargo de defensor del Pueblo y se someta a una investigación", en el marco del operativo Valquiria V que reveló presuntas negociaciones en la elección del titular de la Defensoría por parte de congresistas y asesores de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. 

Por otro lado, en mayo del año pasado, el sindicato presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial para dejar sin efecto el proceso de elección del nuevo defensor del Pueblo por parte del Congreso, por "vulneración al debido proceso".

Además, el pasado mes de octubre, se pronunciaron en contra de que el Parlamento aprobara la modificación a la Ley Orgánica de la entidad para que Josué Gutiérrez pueda elegir a los adjuntos de la Defensoría del Pueblo directamente, sin concurso público. Ese mismo mes, denunciaron que 15 trabajadores CAS de la entidad fueron desvinculados "sin evaluación alguna". 

Asimismo, el último mes de setiembre, denunciaron que su secretaria general habría sido agredida de manera verbal por Elizabeth Zea Marquina, nombrada adjunta en Asuntos Constitucionales por Josué Gutiérrez, por lo que exigieron su destitución. 

"El Sindicato (...) expresa su más enérgico rechazo frente a las agresiones verbales de la señora Elizabeth Zea Marquina hacia nuestra secretaria general, en circunstancias y formas lamentables, impropias del comportamiento que se espera de una alta funcionaria de la Defensoría del Pueblo", expresaron en un pronunciamiento en aquella ocasión.

No obstante, la entidad emitió un comunicado en aquellos días indicando que "resulta inaceptable la intolerancia de algunas personas que buscan dañar la honorabilidad de funcionarios de nuestra institución, por el solo hecho de no pensar igual que ellas, restringiendo la pluralidad del pensamiento". A la fecha, Zea Marquina continúa laborando en la entidad.