Santiváñez defiende iniciativa del Gobierno sobre terrorismo urbano que pone límites a la protesta social

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, defendió el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo ante el Congreso, el cual busca modificar el Código Penal para tipificar el delito de terrorismo urbano, una medida que ha sido criticada debido a que criminalizaría la protesta social.

"El Congreso de la República está compuesto por representantes que van a evaluar siempre la pertinencia de cada propuesta", afirmó. 

En el programa Nunca es tarde de RPP TV, dijo que el proyecto es "perfectible y discutible"; sin embargo, dio a entender que el Gobierno no tiene intención de retirarlo. La propuesta gubernamental busca considerar como extorsión la obstaculización de vías de comunicación, el impedimento del libre tránsito o la alteración del normal funcionamiento de servicios públicos o proyectos de obras autorizadas.

Santiváñez Antúnez, quien ha sido señalado por Eficcop de ser el brazo legal de la organización criminal 'Los waykis en la sombra', también aseguró, sin presentar pruebas —al igual que el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén—, que personas vinculadas al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) participaron en el paro de transportistas convocado este jueves. La protesta fue organizada en respuesta a la creciente ola de extorsión y sicariato que afecta al país.

Detenidos en jornada de protesta

El ministro informó que 23 personas fueron detenidas durante la jornada. "Los primeros arrestos se dieron a las siete de la mañana en una intervención en el Callao, donde cuatro o cinco personas que viajaban en una combi fueron capturadas mientras portaban 'aletas de tiburón', destinadas a dañar los buses o a quienes salieron a trabajar", explicó. Además, señaló que otros detenidos fueron sorprendidos quemando llantas y rompiendo vidrios de vehículos, aunque no especificó en qué zona.

Juan José Santiváñez también expresó su incomodidad por la presencia de manifestantes que portaban pancartas exigiendo "el cierre del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte y la derogación de la Ley N.º 32108", lo que, según el ministro, desvirtuó los objetivos originales del paro convocado por los gremios de transporte.

“Los objetivos por los que esta marcha fue convocada se van perdiendo en el camino por la intromisión o la inclusión de otras organizaciones con fines absolutamente políticos”, cuestionó. 

Además, añadió que la protesta, que comenzó de forma "absolutamente pacífica", se tornó “violenta” cuando algunos participantes atacaron a los efectivos policiales, quienes, sin embargo, han sido acusados de emplear perdigones y gases lacrimógenos contra los manifestantes que llegaron hasta el Congreso, en el centro histórico de Lima.