El director ejecutivo de Proinversión, entidad adscrita al MEF, designó asesor de confianza a Carlos Revilla, exdirector ejecutivo de Provías Descentralizado durante la licitación de Puente Tarata, uno de los casos de corrupción del Gobierno de Pedro Castillo.
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) nombró como asesor de confianza a Carlos Revilla Loayza, exdirector ejecutivo de Provías Descentralizado durante los Gobiernos de Martín Vizcarra y Pedro Castillo.
Dicho nombramiento fue publicado este sábado en el diario oficial El Peruano, y fue suscrito por José Antonio Salardi Rodríguez, director ejecutivo de la entidad adscrita al MEF, quien dispuso designar a Revilla Loayza "en el puesto de confianza de Asesor de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada".
No obstante, es llamativo este nombramiento dado que Carlos Revilla tuvo la dirección de Provías Descentralizado durante el proceso de licitación de la obra Puente Tarata, uno de los mayores escándalos de corrupción por el que están siendo investigados ex altos funcionarios como el expresidente Pedro Castillo y quien fuera su ministro de Transportes, Juan Silva, quien se encuentra prófugo de la justicia.
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Bajo la mirada pública
En reiteradas ocasiones, miembros del actual Gabinete de Dina Boluarte se han pronunciado marcando un deslinde con el Gobierno del exmandatario Pedro Castillo y de los actos de corrupción que se habrían cometido durante su gestión. Uno de ellos ha sido el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien el pasado 6 de noviembre volvió a "trazar una raya divisoria" en declaraciones públicas.
"Quiero dejar bien sentado y trazar una raya divisoria de que nosotros no somos el régimen corrupto de Pedro Castillo. Nosotros hemos venido aquí a gobernar con las manos limpias", indicó a la prensa.
Pese a ese deslinde con los funcionarios del anterior régimen, el 19 de diciembre del 2022, a solo unos días de iniciado el gobierno de Dina Boluarte, Carlos Revilla fue designado como asesor del jefe de Gabinete de Asesores del MTC, por la entonces ministra de Transportes, Paola Lazarte.
Ahora Revilla Loayza asume un nuevo cargo de confianza como asesor a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Proinversión, según figura en la resolución publicada hoy en el diario oficial El Peruano.
Cabe resaltar que Carlos Revilla ocupó la dirección ejecutiva de Provías Descentralizado durante el proceso de licitación de construcción de la obra Puente Tarata, en la región San Martín, el cual fue convocado en mayo del 2021. Sin embargo, renunció al cargo el 13 de octubre de ese año, un día después de que se presentaron las propuestas de licitación pública y nueve días antes de que se firmara el contrato de ejecución de la obra con el Consorcio Puente Tarata III, integrado por una empresa vinculada a la investigada Karelim López.
Dicha empresaria indicó al Ministerio Público que el entonces gerente de obras de Provías Descentralizado, Alcides Villafuerte Vizcarra, habría ordenado la ampliación de la fecha de presentación de propuestas, inicialmente prevista para el 7 de octubre de ese año, a fin de beneficiar al referido consorcio.
Por otro lado, Revilla Loayza era director ejecutivo de la citada entidad adscrita al MTC cuando, el 10 de setiembre del 2021, se otorgó la buena pro para la supervisión de la obra Puente Tarata al Consorcio Supervisor Tarata, por un monto de más de 14 millones de soles.
No obstante, el 3 de enero de este año, Provías Descentralizado anuló dicho contrato de supervisión dado que la Oficina de Control Institucional advirtió como "hecho irregular" que el referido consorcio "presentó de manera incompleta los documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato".
En ese sentido, el consorcio no presentó la documentación que permitía validar la experiencia profesional del personal extranjero; y no habría cumplido "con presentar la declaración jurada respecto al consorcio adjudicado sobre si los representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, sanción administrativa o en proceso, como parte de la totalidad de los documentos exigidos por las bases integradas respectivas".
Además, el consorcio ganador habría presentado "información inexacta en su Promesa de Consorcio y Contrato de Consorcio al consignar una dirección" que no le pertenecía.
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