Poder Ejecutivo presenta demanda competencial ante el TC para anular investigaciones contra Dina Boluarte

El Gobierno de Dina Boluarte ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC), en contra del Ministerio Público y el Poder Judicial, para que se anulen las investigaciones en curso contra la jefa de Estado. 

El documento, presentado por Luis Alberto Huerta Guerrero, procurador público especializado en materia constitucional, fue recibido por la oficina de trámite documentario del TC el último 25 de julio. 

En el encabezado del recurso, Huerta Guerrero señala que la demanda competencial esta "relacionada con la interpretación del artículo 117 de la Constitución", en el que se establece los motivos por los que un presidente en ejercicio puede ser objeto de acusación. 

La demanda busca que se anulen las investigaciones sobre los casos Rolex, la desactivación del equipo especial de la Policía Nacional y las muertes durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023. 

¿Por qué casos se investiga a Dina Boluarte?

Como se recuerda, el caso Rolex se destapó en marzo de este año luego de que se revelará en la prensa que Boluarte recibió relojes y joyas de alta gama de parte del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, presuntamente, a cambio de asignación presupuestal para esa región. 

Boluarte también es investigada por la desactivación del Equipo Especial de la Policía Nacional que estaba encargado de dar apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Este grupo, desactivado en mayo de este año, había realizado operativos contra Boluarte con allanamientos de su vivienda y Palacio de Gobierno.  

Además, a finales de julio de este año, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes de más de 40 personas durante las protestas sociales que iniciaron en diciembre del 2022.

Esta denuncia también alcanza a los expresidentes del Consejo de Ministros, Pedro Angulo y Alberto Otárola, a Jorge Luis Chávez Cresta, exministro de Defensa; y a César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, exministros del Interior, como supuestos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo, al articulo 117 de la Constitución -invocado por la defensa de de Boluarte para la demanda competencial-señala que un presidente República "sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso [...] y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

En la línea de este argumento, Joseph Campos, abogado de Boluarte, ha dicho en varias entrevistas a medios de comunicación que las investigaciones contra la mandataría deberían suspenderse mientras permanezca en el cargo.