Decano del CAL consideró que "hay bastantes evidencias" para acusar constitucionalmente a Pedro Castillo

El doctor César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), cuestionó el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República que sanciona la difusión de información reservada en una investigación.

"Creo que es innecesaria. Ya el artículo 409 del Código Penal establece con toda claridad qué pasa con aquellos que filtran información reservada en procesos que son reservados. Si el fiscal filtra información, si el juez mismo filtra información, o los funcionarios del juzgado de la Fiscalía, o la misma Policía, ya no tienen que buscar ninguna nueva ley", indicó.

"La ley está ahí, lo que hay que hacer es simplemente cumplirla. Hay que tener claridad también en los elementos que se proponen en esta modificatoria porque por un lado está el derecho a la información que tenemos para conocer aquellas cosas que dañan la imagen, no solamente de la Nación, sino el futuro de cada uno de nosotros", agregó.

En Ampliación de Noticias, el abogado insistió en que esta iniciativa es "un error" ya que, según recordó, anteriormente los gobiernos han propuesto "este tipo de leyes" cuando en la prensa se filtra información fiscal. Sobre esa nueva propuesta, Bazán consideró que "no es una buena señal que se presente un proyecto cuando ya existe una norma legal".

"El Tribunal Constitucional resolvió que el interés público es mucho más importante que la reserva personal y por lo tanto tenemos derecho todos los peruanos de perseguir a los delincuentes con aquellas cosas que son reveladas aun cuando no hayan sido debidamente autorizados. Entonces esos casos ya están resueltos", aclaró.

Acusar constitucionalmente al presidente

En otro momento, Bazán Naveda sostuvo que no encuentra responsabilidad constitucional en el presidente Pedro Castillo por no haber declarado ante la Comisión de Fiscalización; sin embargo, opinó que el mandatario no debe rehuir a las investigaciones.

"El presidente de la República personifica a la Nación y por lo tanto es el modelo de lo que todo ciudadano debemos ser, y una de la cosa que tenemos que hacer es cumplir la ley, nadie puede rehuir a una investigación, a hacer las declaraciones que corresponda (…) Lo que hago es una invocación al presidente para que guarden la imagen presidencial", apuntó.

"Es obvio que lo que quieren es silenciar (…) entonces están utilizando un concepto genérico, que ya está regulado además por la ley, con el propósito de que no se difunda esto. En el fondo lo que se ve es que se trata de silenciar. ¿Para beneficio de todos? No, para el bien particular de algunas personas", añadió.

Finalmente, el decano consideró que hay "bastantes evidencias" que sustentan el informe final de la Comisión de Fiscalización recomienda acusar constitucionalmente a Pedro Castillo. Al respecto, recordó que el día de su juramentación el jefe de Estado despachó desde una vivienda privada "donde han venido toda la información sobre escándalos de corrupción".

"Después en el baño del secretario general se encuentra dinero en efectivo. Hay evidencias que van sumando. Una golondrina no hace el verano, pero ya son varias golondrinas, son bastantes las que se están sumando, lo que justifica plenamente una investigación", indicó.

"No hay que confundir al mensaje con el mensajero. El mensaje está claro: hay evidentemente actos que sindican la posible comisión de un delito, y si lo es así, entonces no hay nada que discutir respecto de quien lo diga. Además, lo dice quien constitucionalmente está autorizado", agregó.

Atentado contra la libertad de prensa

La semana pasada, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció que presentaron ante el Congreso el proyecto de ley que crea el delito de difusión de información fiscal sobre casos penales.

"Se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. La investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es publico y no hay reserva", informó en conferencia de prensa.

Aníbal Torres sostuvo que se debe evitar esa divulgación de información reservada y precisó que la sanción sería de cuatro años de prisión.

"Sucede en la actualidad que en las investigaciones la información reservada se da conocimiento rápidamente al público. A veces seleccionado información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Por eso estamos presentado al Congreso un proyecto de ley a fin de que esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada termine", señaló.

Este proyecto de ley fue anunciado con anticipación por el ministro de Justicia, Félix Chero, el pasado 13 de junio. El titular del Minjus aseguró que con la medida se busca "proteger" la presunción de inocencia de investigados. En ese sentido, recalcó que, "en lo absoluto", se va a obligar a los periodistas a revelar sus fuentes.

Sobre este tema, la Federación de Periodistas del Perú ha expresado recientemente su rechazo "categórico" al proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República que sanciona la difusión de información reservada en una investigación.

"Rechazamos y condenamos este tipo de coacciones y chantaje periodístico a quienes informan con la verdad. Con este proyecto de ley, estaría perjudicando la labor del periodismo de investigación, en el caso de aprobarse en el Pleno del Legislativo", señalaron.

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