El ministro César Vásquez aseguró que, en los últimos días, se ha visto "una politización clara de la justicia" y afirmó que un sector de la Fiscalía estaría recibiendo influencias externas para acosar al Gobierno.
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El ministro de Salud, César Vásquez, aseguró que la aprobación de la demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial no pretende que la presidenta Dina Boluarte evada a la justicia frente a las investigaciones por el caso Rolex, sino que busca "proteger la investidura presidencial".
"Si vamos a permitir que los fiscales investiguen a los presidentes de turno, sea quien sea, por delitos que no están incluidos en la Constitución, que solo son cuatro. Y entonces, en circunstancias como esta, vamos a continuar con un acoso judicial, mediático, político, que genera desestabilidad en el país. Yo creo que eso no ayuda", comentó.
Vásquez aseguró que el "ruido político" que causan estas investigaciones "retrocede" al país en su "rumbo" al desarrollo, por lo que el Ejecutivo, con la decisión de aprobar la presentación de la demanda, busca que el Tribunal Constitucional "defina competencias".
"Nadie dice que no la investiguen. Lo que está diciendo ahí en la competencia es que la investiguen, por lo que la Constitución establece que le investiguen (...) ¿Para qué van a servir las investigaciones que se hagan ahorita por cosas que la Constitución no define, si es que no la van a poder acusar?", dijo.
Asimismo, aseguró que en los últimos días se ha visto "un mal uso del poder" y "una politización clara de la justicia", y afirmó que un sector de la Fiscalía estaría recibiendo influencias externas.
"El Ministerio Público, no todo, porque también hay fiscales honestos, probos, independientes, pero hay un grupo importante que recibe influencias de factores externos, operadores políticos externos que se han dedicado, últimamente, a usar o mal usar su poder para el acoso político, judicial al Gobierno, ¿y qué traen con eso? Desestabilidad", afirmó.
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El Consejo de Ministros aprobó iniciar un proceso ante el TC con una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, debido a un supuesto “menoscabo en sentido estricto” de las funciones de la mandataria.
La medida se dio a través de la Resolución Ministerial 151-2024-PCM, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Ante esta demanda, el procurador público especializado en materia constitucional ejercerá la representación procesal del Poder Ejecutivo.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, explicó que con la demanda competencial se busca delimitar la aplicación del artículo 117 para establecer las facultades que tiene la Fiscalía de la Nación, pues indican que se ha excedido en sus funciones.
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Las instituciones jurisdiccionales deberían contar con una autoridad inapelable. Pero lo que vemos actualmente es que carecen de ella más que nunca.
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