Consultada sobre la reunión de su sector con La Resistencia, la ministra de Cultura indicó que no avalan "actos de violencia", pero señaló que no se puede "rechazar conversar" pues se estarían "cerrando puertas"
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El Ministerio de Cultura (Mincul) informó la tarde de ayer, lunes, de una reunión entre el viceministro de Interculturalidad, Juan Reátegui, y miembros del grupo de métodos extremistas autodenominado "La Resistencia". Dicho encuentro viene suscitando gran polémica entre la opinión pública.
Consultada sobre esa reunión, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, indicó que las entidades del Estado "son de todos y todas" y que no se debía "cerrar puertas".
"Creemos que para cambiar actitudes tenemos que escucharnos. Si rechazamos o decimos que no podemos conversar, también desde el Estado estamos cerrando puertas. Las entidades del Estado son de todos y todas, eso ha sido", señaló.
No obstante, agregó que en el Mincul no se avala "actos de violencia".
"En ningún momento el Ministerio de Cultura avala o acompaña actos de violencia, eso lo descartamos y siempre lo hemos rechazado venga de donde venga", subrayó.
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Reunión se desarrolló dentro de estrategia "Perú sin Racismo"
El Mincul difundió anoche un comunicado respecto a estos hechos indicando que el encuentro con La Resistencia se produjo como parte de la estrategia "Perú sin Racismo", a solicitud de dicha agrupación vinculada a la extrema derecha.
"Esta reunión se desarrolló (...) para dar a conocer sus inquietudes con relación a casos de discriminación, y de acuerdo a la política de puertas abiertas que ha implementado el Ministerio de Cultura", indica el pronunciamiento.
"Las entidades públicas son de todas y todos los peruanos; escucharnos para dialogar no es claudicar a los fines institucionales", agrega.
Asimismo, señalaron que el encuentro es "un paso importante para iniciar cambios de actitud en nuestra sociedad".
"Si queremos un mejor país, el reto es dialogar con todas y todos, incluidos los que no piensan igual que nosotros", puntualiza el comunicado.
¿Quiénes son La Resistencia?
"La Resistencia Dios Patria y Familia", como se hacen llamar, se define a sí misma como un "colectivo anti comunista bajo el lema de Dios Patria y Familia por la lucha real de los pueblos". Dicho grupo se encuentra inscrito en registros públicos desde el 13 de setiembre del 2021, conforme figura en la web de la Sunarp.
Sin embargo, el grupo viene operando desde, por lo menos, el 2018 con acciones de intimidación y violencia verbal contra periodistas, funcionarios públicos y personajes políticos que consideran contrarios a su ideología.
El 30 de mayo del 2019, integrantes de esta agrupación abordaron con gritos e insultos, en plena calle, al entonces congresista de la República Alberto de Belaúnde al que le reclamaban su postura respecto a temas vinculados al aborto y a la unión civil.
En noviembre del 2021, el grupo realizó un plantón frente a la casa del excongresista Yonhy Lescano, quien denunció haber sido agredido por sus integrantes al tratar de ingresar a su vivienda por la cochera.
"La pestilencia ha agredido a mi familia físicamente con palos y verbalmente y han violado mi domicilio, han evitado que cierre la puerta del garaje. Este grupo criminal falta que nos maten. Pedimos a las autoridades que tomen acciones porque los peruanos estamos en peligro”, tuiteó en ese entonces.
En junio y agosto del 2019, La Resistencia realizó sendos plantones frente al local del Instituto de Defensa Legal (IDL). Durante esas intervenciones, portaban pancartas con insultos y otras frases contra Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, y los integrantes de IDL. En abril del 2022, repitieron las acciones.
El último mes de enero, realizaron dos plantones frente al IDL. En el segundo, según denunció este medio, arrojaron bolsas de basura al interior del local e hicieron pintas en el frontis. Cuatro meses después, en mayo, regresaron al local y volvieron a arrojar bolsas de basura.
El líder de esta organización, Juan José Muñico Gonzáles, quien se hace llamar Jota Maelo, fue condenado a un año de prisión suspendida y al pago de S/ 10 000 por concepto de reparación civil por el delito de difamación agravada en agravio del Instituto de Defensa Legal (IDL).
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