El ministro del Interior también dijo que la propuesta del Ejecutivo de crear la tipificación de terrorismo urbano permitirá la "ampliación de los plazos de investigación" contra quienes cometan delitos de sicariato y extorsión.
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El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en declaraciones a la prensa, defendió el proyecto legislativo del gobierno para establecer el delito de terrorismo urbano en el Código Penal, con penas que van entre los 30 años de cárcel y la cadena perpetua.
Dicha tipificación comprende a los que cometan delitos de sicariato y extorsión, siendo que este último alcanza a aquel ciudadano que "toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos (...) con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio".
Además, la propuesta señala en su única disposición complementaria que los policías y militares que sean denunciados por "actos realizados en cumplimiento de sus funciones", en el marco de los estados de emergencia, no puedan ser investigados ni procesados en el fuero civil.
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"Tenemos que brindar una tolerancia"
Santiváñez Antúnez indicó que la propuesta de que policías y militares no sean sancionados en el fuero civil por acciones en estados de emergencia partió de su sector, porque se debe dar "una tolerancia al debido proceso".
"Lo que resulta más importante fue una propuesta justamente del sector Interior: que todos los efectivos policiales y militares que, en el ejercicio de su función, pretendan ser investigados o sometidos a una justicia, esta sea en el fuero militar y no en el fuero común, porque tenemos que brindar, en esta oportunidad, una tolerancia al debido proceso, una idoneidad a las investigaciones, que estas sean practicadas por quienes realmente conocen, y no son otros que los fiscales militares y policiales", aseguró.
El ministro del Interior resaltó que hay más de 300 efectivos policiales que estarían siendo procesados ante la justicia común por acciones propias de su labor.
"Todas aquellas actuaciones que el personal militar y policial ejecute en beneficio y en protección de la colectividad, sobre todo en el uso de sus armas reglamentarias de fuego, (tienen) que ser procesados en el fuero militar y no en el fuero común que ha generado que, a la fecha, tengamos más de 329 efectivos policiales en prisión por hacer el uso legítimo de la fuerza ante la defensa de los intereses del ciudadano", sostuvo.
Asimismo, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) justificó que aquel ciudadano que "obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía" sea también considerado dentro del tipo penal de terrorismo urbano.
"(Que) sean consideradas también dentro de la tipología de terrorismo urbano, porque lo que no podemos tolerar bajo ninguna condición es el daño, el riesgo, la pérdida de determinados activos críticos que son en beneficio de toda la sociedad y, sobre todo, que están destinados a proteger a la ciudadanía en sí", sostuvo.
"Recordemos que hace algunos meses, por ejemplo, que se dieron muchísimas muertes en el caso del bloqueo de carreteras y no por represión policial, sino porque no se dejaba pasar ambulancias, vehículos de primera necesidad; entonces también hay conductas que tienen que ser valoradas y analizadas, porque dañan el estado de derecho", puntualizó.
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