El especialista en Derecho Penal consideró que el cuestionado proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo "pretende criminalizar la posibilidad de difundir información de interés público" y evitar que la opinión pública "fiscalice a los políticos".
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El abogado Roberto Pereira, especialista en Derecho Penal, cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo de presentar el proyecto de ley que crea el delito de difusión de información fiscal y que afectaría la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía.
"Es un pretexto para afectar claramente la libertad de expresión. Lo que se pretende es criminalizar la posibilidad de difundir este tipo de información, que es de altísimo interés público y que la opinión pública fiscalice a los políticos involucrados en graves casos de corrupción, como el que está ahora ocurriendo con el presidente de la República", señaló.
"Es un proyecto no tiene ninguna justificación, (es) absolutamente desacertado, solamente va a traer problemas para la libertad de información y va a enturbiar, además, las investigaciones porque posibilita la denuncia a jueces y fiscales, entonces un investigado o un procesado que siente que algún fiscal o juez es incómodo, lo va a denunciar precisamente por haber filtrado información y esto sin duda va a afectar el éxito de las investigaciones", agregó.
En entrevista con RPP Noticias, el abogado también se refirió al caso de un equipo de prensa que fue retenido por presuntos ronderos en Cajamarca. Al respecto, comentó que, según el relato de los periodistas, "claramente estamos ante un caso de secuestro porque se les ha privado de su libertad durante cinco horas".
"Este es un caso claramente de secuestro, hay una privación de la libertad, se les privó de sus equipos de trabajo y se les obligó a leer, bajo amenaza, una proclama política, interrumpiendo la señal de un medio de comunicación. Si en ese momento participaron autoridades (alcalde), también hay un delito contra la libertad de expresión", apuntó.
"Es un hecho sumamente grave, que tiene que investigarse. Yo creo que esto forma parte de los discursos hostiles que se hace a la prensa desde las más altas esferas del poder, que provoca y propicia que estos grupos simpatizantes del gobierno ejerzan este tipo de violencia. Esto es un tema que se debe investigar y sancionar ejemplarmente", añadió.
Estudio Echecopar incluido en proceso penal
En otro momento, el abogado cuestionó la reciente incorporación del Estudio Echecopar como tercero civil responsable en el caso del Gasoducto Sur Peruano, a solicitud de la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato.
Según la tesis fiscal, el Estudio Echecopar fue contratado como asesor de Proinversión para elaborar un informe legal que justificó la descalificación irregular del consorcio competidor Gasoducto Peruano del Sur, favoreciendo con ello al consorcio ganador Gasoducto Sur Peruano, integrado por las empresas Odebrecht y Enagás.
Pereira recordó que la tesis de la Fiscalía es la existencia de un presunto acto de colusión; sin embargo, criticó que en cinco años de investigación "no hay una sola evidencia" de este delito. Además, mencionó que el informe, calificado como "sospechoso" por la Fiscalía y la Procuraduría, fue desestimado por el Poder Judicial.
El abogado comentó que, ante la "insistencia" de la Fiscalía de procesar a los abogados Jorge Danós y Sofía Reyna, quienes firmaron el informe legal emitido por el Estudio Echecopar, ha presentado una excepción para excluirlos de la investigación penal y, por lo tanto, al Estudio Echecopar.
"No existe ninguna evidencia para involucrar al Estudio Echecopar en este proceso. Es claramente un abuso del sistema de justicia, que esperamos que sea solucionado por la Corte Suprema en los siguientes días en un recurso de casación que hemos presentado para finalmente aclarar este asunto que afecta el ejercicio libre a la profesión de abogado y debe interesar a la comunidad jurídica en un caso muy grave de abuso judicial", indicó.
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