En promedio, un comandante general de la Policía Nacional del Perú, según cifras revisadas por RPP Data, dura solamente cuatro meses y medio en el cargo. Expertos advierten que se le está dando uso político a la Policía Nacional del Perú y, como siempre, los ciudadanos son los que más sufren por la inseguridad ciudadana.
Durante el 2023 se reportaron 1,341 homicidios en nuestro país y, en lo que va del 2024, ya se han registrado más de 100, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF). Lima y La Libertad son dos de las regiones que reportan más delincuencia, siendo esta última la ha región que ha registrado, promedio, un asesinato por día, de acuerdo a la Policía Nacional del Perú (PNP).
En medio de esta coyuntura, preocupa que uno de los puestos clave en la lucha contra la delincuencia, el Comandante General de la PNP, no haya tenido estabilidad. Desde fines del 2020 hasta la fecha, los peruanos hemos tenido siete comandantes generales: César Cervantes, durante el mandato de Francisco Sagasti; Javier Gallardo, Vicente Tiburcio, Luis Vera y Raúl Alfaro, en el gobierno de Pedro Castillo y Jorge Angulo y Víctor Zanabria, en lo que va del periodo de Dina Boluarte.
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Inestabilidad afecta imagen de la PNP y confianza con el ciudadano
Según la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, la Comandancia General [antes llamada Dirección General] es el órgano de más alto nivel que se encarga de la "organización, preparación, administración, desarrollo, disciplina y el empleo de los recursos de la PNP".
En esa línea, el Comandante General es el encargado de supervisar todas las acciones de la Policía Nacional, explica Frank Casas, especialista en seguridad pública. "[El Comandante General] es la imagen y representación de la PNP ante diferentes actores y tiene que velar, por ejemplo, que los ascensos se den de forma transparente o que exista un buen funcionamiento de las escuelas de formación policial, entre otros", detalla.
Según las cifras revisadas por RPP Data, los comandantes generales en el país han durado, en promedio, solo cuatro meses y medio desde el 2020. Esta inestabilidad no solo afecta la labor de policía si no también afecta la confianza de los ciudadanos en esta institución, agrega Frank Casas.
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Alerta roja en La Libertad
Desde La Libertad, el analista político Richard Tapia, advierte que hasta el momento no se ha visto una acción concreta por parte del Gobierno central ni de las autoridades locales. "Si das una vuelta por Trujillo en la noche, los restaurantes lucen vacíos, las discotecas ya no tienen los aforos de antes. Entran a un establecimiento y asaltan a las personas que están comiendo o dinamitan la puerta de un local (...) me parece increíble que este Gobierno no pueda accionar contra la delincuencia", sostiene.
En esa línea, agrega que la ola de violencia, además de afectar la salud y vida de las personas, espanta las inversiones. "¿Qué empresa va a querer venir a invertir a Trujillo y La Libertad si la delincuencia ya está desbordada? Si se retiran [las empresas], los puestos de trabajo escasearán y eso ya lo hemos vivido en la época del terrorismo", comenta.
La rotación de los altos mandos en la Policía termina afectando la logística y operaciones de la institución, según Cecilia Caparachín, especialista en violencia y seguridad pública. "Todo cambio de mando hace más lentas las gestiones en el tema de presupuesto o la ejecución de medidas. A veces los altos mandos quieren revisar los procesos que se aprobaron como la compra de equipos y eso puede ocasionar que se demore o hasta que se caiga [esa adquisición]", explica.
Pero también existe un impacto en la imagen policial. "Si se ve que en los puestos altos no hay una fortaleza [o estabilidad], los niveles más bajos no van a seguir la mística que tiene la policía o el respeto al uniforme.", señala.
¿Politización de la Policía Nacional del Perú?
Para Frank Casas, experto en seguridad pública, es evidente el tinte político que se le ha dado a las funciones del Comandante General de la PNP, pese a que sus funciones están bien detalladas dentro de la ley orgánica de la institución. "En la práctica vemos que tiene un rol de acompañamiento político a lo que hace el ministro del Interior y las altas autoridades del gobierno y allí está su fragilidad porque está susceptible a los 'vaivenes' de la coyuntura y no debería ser así porque para eso está el ministro del Interior", sostiene.
Comenta además que ya no se evalúa al comandante para ver si ha implementado el Plan Mariano Santos [plan estratégico de la PNP al 2030], si se han respetado los derechos humanos en los operativos o si se ha incrementado la productividad.
"El caso más ejemplar lo hemos visto ahora: antes de que hagan el cambio del comandante general Angulo decían que su labor en el marco del Estado de Emergencia estaba correcta y luego lo renunciaron de la manera menos apropiada posible. Ahí te das cuenta del uso político, porque el ministro del Interior queda intacto", detalla Casas.
Caparachín agrega que la alta rotación de altas autoridades también ocurre a nivel ministerial. "En algún momento el ministerio del Interior ha tenido una gran rotación no solo de ministros, si no también de viceministros. El viceministerio de Seguridad Pública, que es donde se encuentra la Dirección General de Seguridad Ciudadana, estuvo con encargaturas [con un jefe temporal] durante mucho tiempo", indica.
La experta agrega que se debe evaluar la labor de un comandante general en base a los objetivos alcanzados y no realizar cambios inmediatos que afecten a cualquier institución.
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