Gustavo Adrianzén: "Siento como si hubiésemos normalizado la corrupción"

En su primera entrevista a un medio de comunicación desde que asumió el cargo, el nuevo jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, se refirió a la lucha contra la corrupción y manifestó que se trata de un mal endémico que se ha normalizado en nuestro país.

"Vamos a tener dos grandes pilares de acción: el primero, que es una demanda nacional de la reactivación económica. Las primeras cifras a marzo están resultando alentadoras, pero tampoco queremos pecar de ser excesivamente entusiastas. Y lo segundo es generar confianza. Pero la confianza hay que ganarla. Es muy difícil ganarla y muy fácil perderla. Y uno la pierde cuando traiciona su palabra, cuando no cumple lo que dice", dijo en Enfoque de los Sábados.

"Una parte fundamental para generar confianza tiene que ver con la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. Con respecto a esto último, es un mal estructural, endémico. He pensado y siento como si nos hubiésemos encallecido respecto a la corrupción, como si la hubiéramos normalizado. Es normal un poquito de corrupción", agregó.

Asimismo, señaló que en el Gobierno de la mandataria Dina Boluarte no hay ningún ministro que se encuentre involucrado en actos de corrupción.

"La señora presidenta con orgullo anuncia cada vez que tiene oportunidad que en estos primeros 15 meses de gobierno no hay un solo ministro que tenga una carpeta fiscal por corrupción. Estamos obsesionados en que esto continúe hasta que el Gobierno acabe (...). Tengo 32 años haciendo administración pública y no tengo ni una sola carpeta fiscal abierta, mucho menos por corrupción", aseveró.

"Vamos a cumplir con las recomendaciones formuladas por la CIDH sobre las muertes en protestas"

En otro momento, el jefe del gabinete hizo referencia a las recomendaciones hechas por la Comisión Interamercana de Derechos Humanos respecto de las muertes en las protestas contra el régimen de Boluarte a causa de la represión policial. Al respecto, Adrianzén manifestó que cumplirán con las recomendaciones hechas por este organismo internacional.

"Con relación a la obligación del Estado peruano de presentar un informe conteniendo la respuesta a las recomendaciones que había formulado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con ocasión de las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023, el informe ha sido entregado. Hemos enviado sendas comunicaciones diciendo que, en nombre del Estado peruano, le hacemos llegar a la Comisión nuestra disposición para iniciar en el más breve plazo un proceso, un mecanismo de seguimiento donde interviene el Estado, interviene la Comisión e intervienen los representantes de las presuntas víctimas", señaló.

"Como lo dijo la señora presidenta, vamos a cumplir con estas recomendaciones formuladas por la Comisión (...). La voluntad de diálogo es absoluta. La señora presidenta ya expresó su profundo pesar por las lamentables muertes producidas, ha pedido perdón. Vamos a continuar. Iniciamos una política de reparaciones con los deudos de las víctimas y también con quienes habían resultado gravemente heridos. Estamos en un proceso de atención a la afectación psicológica que haya podido significar también a las familias de los heridos o las víctimas de este suceso", aseveró.

Indulto a Alberto Fujimori: "El Estado peruano ha adoptado aquí una posición"

Finalmente, en referencia a la postura contraria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el indulto al exmandatario Alberto Fujimori, el primer ministro dijo que si bien es un caso complejo que puede desembocar en diversos escenarios, el Estado peruano ya ha asumido una posición y es la que tendrá que defender.

"El caso no deja de ser complejo. El Estado peruano va a cumplir dentro de ese plazo con responder a la Corte. ¿Qué es lo que esperamos? El escenario más óptimo es que la Corte se dé por satisfecha con las explicaciones que estamos brindando. En eso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Cancillería están trabajando arduamente. Y confío en que va a ser sumamente contundente", mencionó.

"Pero de no ser así, de quedar algunos puntos en duda, la Corte nos podría convocar a una audiencia en la que participaría el Estado peruano y también los representantes de Barrios Altos y Cantuta. Un escenario poco favorable, pero también probable, es que como consecuencia de la audiencia, la Corte decida que el Estado peruano está en desacato. Si este desacato es así declarado, la Corte podrá informarlo en la próxima Asamblea General de la OEA en la Asunción, dentro de su informe", aseveró.

"Lo que dice la Corte Interamericana en sede internacional y lo que dice nuestro Supremo Tribunal de Justicia, la Corte Suprema o el propio Tribunal Constitucional no siempre es coincidente. Y la discusión tiene décadas y seguramente tendrá muchas más a futuro. No necesariamente nuestros órganos jurisdiccionales comparten las mismas decisiones o las mismas opiniones. El Estado peruano ha adoptado aquí una posición y es la que vamos a llevar a San José de Costa Rica", culminó.