El informe de Amnistía Internacional señaló que Dina Boluarte puede tener responsabilidad penal por las muertes de manifestantes en las protestas de finales de 2022 e inicios de 2023, según las evidencias obtenidas por la organización y plasmadas en el documento, que apunta a que la mandataria podría haber cambiado de táctica para evitar más fallecidos, pero no lo hizo.
El presidente del Consejo de ministros, Gustavo Adrianzén, expresó el rechazo del Ejecutivo al informe elaborado por Amnistía Internacional (AI), en el que señala que la presidenta, Dina Boluarte, podría tener responsabilidad penal en las muertes de manifestantes ocurridas en el inicio de su mandato.
"Lo negamos, en principio, más aún cuando de manera indebida y absolutamente inconsecuente se le pretende atribuir a la presidenta una responsabilidad mediata”, sostuvo el titular de la PCM.
Indicó, además, que el mencionado informe "no hace sino ratificar el sesgo político" con el que fue elaborado, el año pasado, otro documento de dicho organismo "donde habló de racismo letal".
A ello, agregó que “no aceptamos que se siga instrumentalizando esos hechos con fines políticos y, cuando no, económicos”.
¿Qué dice el informe?
El informe de AI señaló que Boluarte puede tener responsabilidad penal por las muertes de manifestantes en las protestas de finales de 2022 e inicios de 2023, según las evidencias obtenidas por la organización y plasmadas en el documento, que apunta a que la mandataria podría haber cambiado de táctica para evitar más fallecidos, pero no lo hizo.
"Dina Boluarte sabía lo que estaba pasando y, no hacer suficiente para parar más muertes, podría conllevar responsabilidades penales individuales", afirmó la investigadora para América del Sur de AI Américas, Madeleine Penman.
El informe señala que, aunque la presidenta negó ante la Fiscalía haber tenido contacto directo con los comandantes y "minimizó su papel en la represión estatal", se reunió varias veces con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía durante los tres meses de protestas, "lo que le dio múltiples oportunidades para condenar el uso ilegítimo generalizado de la fuerza y ordenar un cambio de táctica en terreno".
"Hubo decisiones conscientes desde el día uno y la presidenta desoyó informes de inteligencia afirmando que personas que se manifestaban no tenían vínculos terroristas y que el número de personas no ameritaba el despliegue de las Fuerzas Armadas. Ella no hizo caso de esa información y pidió elaborar a ministros el estado de emergencia y desplegar las Fuerzas Armadas", indicó Penman.
Expuso que las decisiones y omisiones de Boluarte durante los tres meses confirman que la mandataria podría considerada autora mediata por las grandes violaciones de derechos humanos en las protestas.
La organización hizo un análisis jurídico en base a conceptos de la Corte Suprema de Perú, fallos del 2009 y el derecho penal del país, y han observado que se cumplen los cuatro requisitos que comprobarían la autoría mediata (con conocimiento del hecho) de Boluarte.
También analizaron las 29 reuniones del Consejo del Ministros que Boluarte presidió en los tres meses, donde observaron que no tomó oportunidad para pedir cambios de táctica, hizo leves menciones a las muertes en las protestas, hizo un "énfasis abrumador" en proteger la propiedad y repitió un discurso estigmatizador de los manifestantes.
En este sentido, AI afirmó que hasta el momento no han encontrado pruebas que vinculen a las víctimas y heridos con organizaciones criminales o terroristas, y que las palabras de Boluarte sobre la violencia de los manifestantes dieron "un marco habilitador a las fuerzas de seguridad para cometer actos ilegales.
(Con información de EFE)
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Jorge Luis Pinedo Barrera Redactor
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