por Sebastián Acosta
. Actualizado elEl proceso administrativo sancionador por el que Daniel Soria ya había sido suspendido se da por un incumplimiento de requisitos para que ocupe el cargo, que fue advertido por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resolvió destituir a Daniel Soria Luján del cargo de procurador general del Estado, esto a raíz de un procedimiento en su contra debido a cuestionamientos en su designación.
Mediante la resolución ministerial N° 0097-2024-JUS, el sector también dispuso que se envíe una copia de la resolución y antecedentes a la Procuraduría General del Estado, a fin de que se proceda con el cese de la contraprestación de Soria y demás acciones administrativas correspondientes, según sus competencias.
Asimismo, se remitirá una copia de la resolución y de sus antecedentes a la Procuraduría del Ministerio de Justicia y derechos Humanos para que según sus competencias inicien las acciones legales que correspondan en defensa de los intereses de la Entidad.
Suspensión y proceso administrativo contra Daniel Soria
El pasado 24 de noviembre de 2023, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante una comisión ad hoc, resolvió suspender temporalmente a Daniel Soria de sus funciones como procurador general del Estado.
Ello, en el marco de un proceso disciplinario iniciado por una advertencia que realizó el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría respecto de que el funcionario no cumplía con los requisitos establecidos cuando fue nombrado en el cargo durante el Gobierno de Martín Vizcarra, según se precisó, solo contaba con un certificado como asesor de la Defensoría del Pueblo.
En febrero de este año, la comisión ad hoc encargada del procedimiento administrativo disciplinario contra Soria recomendó al ministro de Justicia, Eduardo Arana, que se destituya a dicho funcionario.
El documento señalaba que los hechos por los que Soria fue suspendido en noviembre de 2023 “fueron corroborados”. Asimismo, se señaló que “la situación infractora se inicia el 3 de febrero de 2020” y “solo cesará cuando se extinga el vínculo del servidor con la entidad”.
Precisan, además, que Soria se benefició ilícitamente al ostentar un cargo que no le corresponde y que existían indicios suficientes que acreditan que Soria vulneró los principios de probidad, idoneidad y veracidad, regulados en la Ley del Código de Ética.
Sebastián Acosta Periodista
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