Con una resolución publicada en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo creó el grupo de trabajo "con cargos honorarios y de confianza" integrado por Ernesto Blume, Aníbal Quiroga, José Luis Sardón, entre otros.
A través de una resolución suprema publicada hoy, sábado, en el diario oficial El Peruano, el Gobierno creó una comisión consultiva "encargada de brindar asesoría especializada en materia constitucional a la Presidencia de la República".
Dicho documento lleva las rúbricas de la jefa del Estado, Dina Boluarte; del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; del ministro de Justicia, Daniel Maurate; y de la canciller Ana Gervasi.
Funciones
Según refiere la disposición, la comisión consultiva tiene como fin "brindar a la Presidencia, en coordinación con la PCM y el Minjus, la asesoría especializada en materia constitucional que sea requerida para contribuir con el fortalecimiento y legitimidad del régimen democrático y el Estado constitucional de derecho en el país".
Para ello, está compuesta de "juristas de reconocida trayectoria profesional, académica, ética, prestigio e independencia, identificada con los principios y valores que inspiran nuestra Constitución histórica".
Dichos integrantes son designados por el Gobierno y el cargo "es honorario y de confianza y no inhabilita para el desempeño de ninguna función pública o actividad privada".
Asimismo, establece que la comisión consultiva puede proponer la integración "de otros especialistas en materia constitucional" y que sus miembros participen "en actividades afines a su función" dentro del Ejecutivo.
Además, señala que pueden recibir el "apoyo" de instituciones públicas o privadas afines a su función y que en caso sus miembros deban realizar "misiones internacionales", sus viajes "se tramitan de acuerdo a la normatividad vigente".
A su vez, indica que deben instalarse en 10 días después de publicada la resolución suprema de su creación y proponer un reglamento estableciendo la elección de un presidente y los miembros de la coordinación.
La comisión consultiva tendrá un periodo de vigencia de hasta doce meses, "contado a partir del día siguiente de la publicación" de la resolución suprema.
¿Quiénes integran la comisión consultiva?
La resolución suprema señala 10 integrantes de la comisión consultiva, aunque, como ya se señaló, este número puede incrementarse a solicitud de sus miembros.
Los integrantes del grupo de trabajo son Ernesto Álvarez, Ernesto Blume, Alberto Borea, Jorge Cáceres, Víctor García Toma, Carlos Hakansson, Aníbal Quiroga, José Luis Sardón, Óscar Urviola y Elizabeth Zea.
Ernesto Álvarez fue presidente del Tribunal Constitucional (TC) en el 2012 y, actualmente, es profesor principal de la Universidad San Martín de Porres (USMP) en el área de Derecho Constitucional. Además tiene una especialización en Derecho Político por la Universidad de Navarra.
Como columnista de Expreso, señaló que el reciente informe de la CIDH sobre los derechos humanos en el país evidencia un "activismo ideológico". Además, a través de su cuenta de Twitter, Álvarez Miranda ha manifestado su simpatía con que los titulares del JNE, Reniec y Onpe sean objeto de control político en el Congreso y que la JNJ, en el contexto de la investigación a la fiscal de la Nación, sea "reformada".
Ernesto Álvarez también participó en el llamado Encuentro Regional del Foro Madrid que se realizó en Lima en marzo pasado. Dicho encuentro contó con la participación del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, parlamentarios de Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular y Fuerza Popular, además de políticos de partidos de derecha y extrema derecha de diferentes países como VOX de España y el Partido Republicano de Chile
Ernesto Blume también fue presidente del TC en el 2018 y magistrado de dicha entidad hasta el 2022. En las últimas semanas, se ha pronunciado en contra del informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en el país al que calificó de "inconsistente" e "ideologizado".
Asimismo, en enero de este año, criticó que la presidenta Dina Boluarte haya presentado un proyecto para adelantar las elecciones presidenciales y que hubiera pedido perdón por las muertes ocurridas en las protestas.
Alberto Borea es abogado constitucionalista, recordado por ejercer la defensa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski ante el Parlamento en el proceso de vacancia que se llevó a cabo en el 2017. Además, fue bastante crítico de la gestión gubernamental de Pedro Castillo y, en octubre del 2022, se pronunció a favor de que Dina Boluarte asuma la presidencia de la república.
Jorge Luis Cáceres Arce es abogado constitucionalista y catedrático de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa. En julio del 2020, fue uno de los firmantes del comunicado de la llamada Coordinadora Republicana contra el Acuerdo de Escazú.
Hace unos días, se pronunció en contra de las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contra la gestión de Dina Boluarte y consideró que "los hechos aislados" que originaron las muertes en las protestas "no son decisiones institucionales".
Víctor García Toma fue presidente del TC en el 2005 y ministro de Justicia del gobierno de Alan García entre marzo y setiembre del 2010. El año pasado fue uno de los candidatos a defensor del Pueblo, aunque, en octubre, retiró su postulación. Hace unos días, se manifestó a favor de que la mandataria pueda ejercer la Presidencia de manera remota en caso de viaje al exterior.
Carlos Hakansson es abogado constitucionalista y fue uno de los candidatos a magistrado del TC en el proceso de elección del 2021. Como columnista del portal El Montonero, ha sido crítico de la designación de Josué Gutiérrez a la Defensoría del Pueblo y también del mencionado informe de la CIDH.
El último viernes, Hakansson Nieto estaba invitado como ponente de un evento organizado por el grupo extremista "La Resistencia" en torno al retiro del Perú de la CIDH.
Dicho evento - cuyas palabras finales estuvieron a cargo de Juan José Muñico Gonzáles, alias J Maelo, líder de La Resistencia y sentenciado por difamación agravada - habría contado con la participación de Hakansson de manera virtual
Aníbal Quiroga es abogado constitucionalista y ha ejercido la defensa del Congreso en procesos como la demanda competencial sobre la elección del defensor del Pueblo. Además, ha sido representante de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante la JNJ en la investigación por el cambio de fiscales en el caso 'Cuellos blancos'.
En los últimos días, se pronunció a favor de la gestión remota del despacho presidencial por parte de la jefa del Estado y criticó la elección de Gutiérrez Cóndor como defensor del Pueblo.
José Luis Sardón fue vicepresidente del TC en el 2022 y, actualmente, es parte del Consejo Directivo de la Sunedu como representante de las universidades privadas. Dicha elección fue polémica debido a que, en el 2015, como magistrado del TC, votó a favor de una demanda que pretendía derogar diversos artículos de la Ley Universitaria, entre ellos la creación de la referida superintendencia.
Óscar Urviola fue presidente del TC entre el 2012 y el 2015. Además, fue decano del Colegio de Abogados de Arequipa. En los últimos días, respecto a su convocatoria por el Ejecutivo a conformar la comisión consultiva, señaló que había que "defender al Perú" de los "ataques" del presidente de México contra la presidenta Dina Boluarte.
Elizabeth Zea es abogada de la USMP y tiene una maestría en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico. En el 2021 postuló al Congreso por el partido Perú Patria Segura y, en la segunda vuelta presidencial de ese año, integró el equipo técnico de Keiko Fujimori. Como columnista del diario Expreso, también ha sido critica del informe sobre derechos humanos de la CIDH.
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