El primer ministro desacredita el Poder Judicial

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Si hay una persona que no debería permitirse denigrar y desacreditar el trabajo de nuestro sistema judicial es el presidente del Consejo de Ministros. Y, sin embargo, es precisamente lo que está haciendo el señor Gustavo Adrianzén. 

Que él afirme que el Ministerio Público está sometiendo a la presidenta Dina Boluarte a una forma de “acoso fiscal” contradice lo que es su función principal, la de promover la unidad del país y garantizar la independencia de nuestras instituciones.

La señora Boluarte cuenta con abogados, pagados con dinero público, para defenderla de las sospechas que han dado lugar a una denuncia constitucional y a una investigación preliminar. El señor Adrianzén no puede tapar el sol con una mano y negarse a reconocer lo que la gran mayoría de los peruanos piensan del comportamiento de la señora Boluarte, antes y después de convertirse en presidenta de la República. 

Es cierto que, según la Constitución, la presidenta Boluarte personifica a la Nación, pero justamente por eso debería velar para que los ministros nombrados por ella no practiquen lo que se asemeja a una labor de intimidación a jueces y fiscales. 

Tanto más que al hacerlo, pierde credibilidad para proponer reformas porque no logra sino generar la sensación de que sus propuestas responden a la voluntad de proteger a la presidenta de sus responsabilidades ante la Justicia. 

En el Perú, estamos demasiado acostumbrados a que los justiciables se pongan por encima de quienes deben juzgarlos. Desde Antauro Humala hasta Vladimir Cerrón y desde Alejandro Toledo hasta Pedro Castillo, el deleznable discurso es el mismo: yo soy inocente, los jueces y fiscales actúan con sesgos políticos. Si tiene dotes persuasivas, el señor Adrianzén debería usarlas para convencer a la presidenta de hacer frente a los ciudadanos y enfrentar a la prensa independiente. 

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