El gobierno y los organismos reguladores

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Cuando se privatizó la economía peruana durante los años noventa se crearon organismos reguladores de cuatro tipos de servicios que hasta entonces ejercía o controlaba el Estado: el transporte, las telecomunicaciones, el agua y la energía. 

Ositran, Osiptel, Osinergmin y Sunass se convirtieron en siglas difíciles pero conocidas. Un ejemplo emblemático de los cambios lo ofrece el recuerdo del pésimo servicio de la telefonía fija y el contraste con la complejidad del mercado actual y la rapidez con la que se producen las innovaciones tecnológicas. 

Desde luego los servicios de los reguladores no son perfectos y lo pensamos con irritación cuando se producen accidentes ligados a la fuga de gas, como el del grifo en Villa María del Triunfo. O accidentes de tránsito como el del bus que se desplazaba hacia Ayacucho. Pero nuestra institucionalidad reguladora corresponde a la experiencia de los países con mejor gobernanza y es por eso que avanza nuestra adhesión a la OCDE. 

Sin embargo, el gobierno ha decidido proceder a una reforma de manera rápida y con el menor debate posible. Es cierto que ya lo había anunciado el ex primer ministro Alberto Otárola desde su discurso de investidura. Pero ahora el actual primer ministro pretende hacer uso de las facultades delegadas por el Congreso para fusionar los cuatro reguladores en una sola entidad bajo su control. 

En este tema, el gobierno tiene el respaldo de los sectores que no quieren que existan reguladores y que los consideran organismos caros e innecesarios, si no inconvenientes.  Se trata de un tema de fondo que puede tener efectos duraderos sobre los usuarios que somos todos. 

¿Por qué, entonces, el gobierno ha evitado presentar un proyecto de ley que sea debatido en el Congreso? ¿Cuál es el temor a oír todas las opiniones, las políticas, las gremiales y las técnicas? Parece más razonable resolver los temas de urgencia en uso de las facultades delegadas y hacer los cambios de fondo con consenso y sin precipitaciones.

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