Eduardo Arana dice que la inmunidad presidencial "es irrenunciable", pero que Dina Boluarte "colaborará con investigaciones"

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, se pronunció respecto a la denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte, el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, y tres exministros del Interior, por las muertes que ocurrieron en las protestas sociales que iniciaron en diciembre del año pasado. 

Como se sabe, en un mensaje televisado emitido este lunes, Patricia Benavides anunció que presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra las cabezas del Ejecutivo, por el presunto delito de "homicidio calificado". Asimismo, indicó que había formalizado la investigación preparatoria contra las autoridades referidas por esos hechos. 

El titular del Minjus indicó en un medio de comunicación local que la jefa de Estado había anunciado en una sesión de Consejo de Ministros que renunciaba a su inmunidad como presidenta, para afrontar la denuncia constitucional. 

No obstante, en La Rotativa del Aire, señaló que la inmunidad era "irrenunciable", y que se refería a que, pese a sus prerrogativas, colaborará con las investigaciones.

"La protección que dicta la Constitución a la figura de la presidencia de la república es sumamente clara (…), esta protección es irrenunciable (...) Sin embargo, se debe tener en cuenta que a pesar de que existe esa prerrogativa y que la presidenta (...) ha podido interponer estas “barreras” procesales, ella ha ido todas las veces que ha sido citada a la Fiscalía de la Nación, no se ha amparado en esas prerrogativas (...) Ha ejercido su derecho a la defensa con su abogado y ha presentado los escritos y las explicaciones convenientes. Ella en la práctica ha colaborado con la justicia", explicó.

"Lo que yo he querido decir, y lo reitero ahora, es que ella no se va a escudar en las prerrogativas que le otorga la Constitución, para colaborar con la investigación y que se llegue a la verdad", resaltó.

"Vemos con preocupación" denuncia de Patricia Benavides

Asimismo, Arana Ysa dijo que el Ejecutivo ve con preocupación la forma en la que la titular del Ministerio Público presentó la denuncia constitucional contra la presidenta.

"Desde el Gobierno vemos con mucha preocupación que la fiscal de la Nación haya presentado una denuncia constitucional, sobre todo en un momento en que la denuncia todavía no se encontraba terminada y, segundo, en los términos en que ha sido presentada", sostuvo.

"Lo que nosotros hemos tomado conocimiento, una vez que se presentó la denuncia constitucional, es que el día viernes la presidenta tomó conocimiento de una decisión de la propia Fiscalía de la Nación, en la que se señalaba (…) que iba a continuar con la investigación porque faltaban varias piezas procesales y otras actividades que realizar y que le iba a tomar 8 meses más. Sin embargo, el lunes, se recibe esta noticia sorprendente en la que, a pesar de que la propia fiscal señaló un día antes que había de actuar pruebas, ya tenía la denuncia lista para presentarla. Eso no tiene una explicación razonable", aseveró. 

Además, el titular del Minjus consideró que había que evaluar la actuación de Patricia Benavides en el contexto de ayer, en que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) realizó diligencias como parte de la investigación por una presunta organización criminal que estaría liderada por ella misma.

"Lo que nosotros tenemos es que examinar el contexto en que está pasando. El escenario uno es que amanece el lunes con una noticia de intervenciones domiciliarias, arrestos a personal del entorno de la fiscal de la Nación (que) no tuvo mejor respuesta que la presentación de una denuncia constitucional cuyos términos son incompletos", afirmó. 

"La Fiscalía había prorrogado 8 meses en octubre y, al mes, dice que ya no y prescinde de las pruebas, eso evidencia dos cosas: o que tiene la convicción o que sin tener la convicción ha presentado la denuncia", agregó.

No obstante, evitó pronunciarse acerca de si la fiscal de la Nación debía renunciar a su cargo por las investigaciones en su contra.

"Nosotros somos respetuosos de que las instituciones deban ver sus problemas por dentro. Ha salido a la luz una petición de dos fiscales supremos titulares (que) han solicitado que la fiscal de la Nación dé un paso al costado. Este es un asunto que debe resolverse en el fuero interno", puntualizó.