¿Qué escenarios políticos podría enfrentar la presidenta Dina Boluarte luego del allanamiento realizado por la Fiscalía?

El vía crucis inició el Viernes Santo para la presidenta Dina Boluarte cuando, durante la noche, el Ministerio Público allanó su vivienda -amparado por una orden judicial- debido a la investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y por no declarar la procedencia de los relojes de alta gama que utiliza.

De inmediato y en una larga madrugada que se extendió hasta la mañana del sábado, se alzaron voces desde distintos flancos: desde la defensa de la presidenta Dina Boluarte, pasando por congresistas que pedían su vacancia, su renuncia, y por otro lado quienes calificaron esta acción de excesivo el allanamiento.

Especialmente desde el Congreso de la República, las posturas estuvieron divididas. En sendos comunicados, si bien rechazaban las formas, demandaban una explicación de parte de la presidenta Dina Boluarte.

El Congreso es el poder del Estado que podría tener un papel importante en esta situación, por lo que nos preguntamos: ¿a qué escenarios políticos se enfrenta la presidenta y, por ende, todos los peruanos ante esta situación?

La vacancia como "oportunidad" política

"La Constitución prevé 'válvulas de escape' ante una crisis de tal magnitud", sostiene a RPP Noticias el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi. "Una es la renuncia de la presidenta y la otra es la vacancia por incapacidad moral permanente, que se aplicó con presidentes como los presidentes Fujimori, Vizcarra y Castillo", añade.

La renuncia, luego del mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte, podría quedar descartada. Por ello la vacancia cobra fuerza, sobre todo si tenemos en cuenta que Perú Libre -paradójicamente el partido que la llevó a Palacio junto con el expresidente Pedro Castillo- ya presentó la moción.

La respuesta de la defensa de la presidenta Dina Boluarte no se hizo esperar a través del abogado Mateo Castañeda, uno de los escuderos de la primera mandataria. "Muchos políticos están aprovechando estos incidentes para solicitar la vacancia de la presidencia. Esto es un exceso, que por  una investigación tan simple se pretenda atentar contra la estabilidad política y económica del país", dijo a RPP Data.

A su vez, otro de sus abogados defensores, Jorge González, señaló que la figura de "incapacidad moral" para ejecutar una vacancia no procedería en este caso. "Si eso fuera así [si apelaran a la incapacidad moral] nosotros exigiríamos que la presidenta fuera sometida a un examen psico-psiquiátrico y vamos a encontrar que ella está en pleno uso de sus facultades, por lo tanto, la causal no prosperaría", señaló.

La acusación constitucional como "único camino"

Distinta opinión tiene el abogado especialista en temas electorales Jorge Jáuregui, quien considera que el único camino que podría tomar el Congreso es el de una acusación constitucional. "En ese caso corresponde, según establece el artículo 99 de la Constitución, a la Comisión Permanente, acusar ante el Congreso a la presidenta de la República porque supuestamente habría cometido delito en el ejercicio de sus funciones", sostuvo a RPP Data.

Esta conducta debe probarse -continúa Jáuregui- "en un debido proceso que se da en el antejuicio, que es un procedimiento que está previsto para que el alto funcionario pueda ejercer su defensa. Con la garantía del debido proceso, el camino que se seguiría, en el caso de que el Parlamento tenga voluntad política, lo cual dudo que haya para activar este proceso de control".

Sobre una posible vacancia, el abogado Jorge Jáuregui considera que no se aplica en este caso. "No hay argumentos para la vacancia. No es un procedimiento de control. Tiene una dimensión de desbloquear una situación en la cual un presidente queda impedido de ejercer el cargo, como es el caso de que muera, pierda la consciencia, sea incapaz mental, que renuncie o salga del territorio nacional y no regrese. En ese caso no puede seguir gobernando. Entonces, la vacancia es un mecanismo que, ante un hecho concreto, el Parlamento puede autorizar una transición constitucional del presidente a los vicepresidentes".

¿Y una posible renuncia?

Aunque vistos los hechos y escuchados los mensajes una renuncia de la presidencia Dina Boluarte es prácticamente imposible, el precedente más reciente es el de Manuel Merino, renunciante luego de marchas multitudinarias en su contra a finales de 2020. El docente de derecho de la PUCP, Heber Joel Campos, cita la Constitución y sostiene que luego de la renuncia de un jefe de Estado, el presidente del Congreso debe reemplazarlo para convocar a elecciones en un plazo inmediato.

"El punto es que la Constitución no precisa si estas elecciones deben ser generales o presidenciales; sin embargo, en términos políticos, sostener que deben ser solo presidenciales sería inviable. La crisis de gobernabilidad que enfrentamos demanda un gobierno que asuma con una renovada legitimidad y respaldo ciudadanos", manifestó.

Mientras tanto, la permanencia en su cargo de quien se autoproclamó "mamá de todos los peruanos" está en manos de la decisión que en los próximos días tomen los llamados "padres de la patria", es decir, el Congreso de la República.